El Gobierno de Aragón considera que esta querella es un nuevo episodio de confrontación política que pretende retrasar el regreso de los murales tras la sentencia firme que estableció el restablecimiento de las pinturas en el monasterio de Sijena. No cabe, por tanto, revisar la decisión.

El Ejecutivo catalán está obligado a devolver las pinturas a Aragón tras la sentencia firme del Tribunal Supremo. Su argumento se apoya en que cualquier ejecución de esa orden judicial debe ser compatible con la preservación de las obras que considera en situación de “máxima fragilidad”, y con los criterios técnicos sobre el traslado.

La querella se dirige contra los responsables del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena en esta materia, a los que pide que se cite como investigados y se les comunique su posible responsabilidad civil, así como la adopción de medidas cautelares que impidan el traslado de las pinturas y la práctica de diversas diligencias para la posible determinación de eventuales responsabilidades penales y civiles.

El escrito señala que los cinco antiguos consejeros de Cultura de la Generalitat de Cataluña interponen la querella con el “principal objetivo de evitar la destrucción o daños irreparables de unas pinturas murales que constituyen Patrimonio Histórico Artístico de la Humanidad”.

QUERELLA

Solicitan por ello que se ordene a la Sección Penal y Sección Civil del Tribunal de Instancia de Huesca, Plaza número 2, “la paralización de cualquier actuación derivada de la ejecución del traslado de las obras objeto del Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 70/2025, evitando la consumación o el agotamiento del delito previsto y penado en el artículo 321 del Código Penal, así como la destrucción de unas obras que forman parte del Patrimonio Histórico Artístico, insustituibles”.

Los querellantes pretenden abrir así una causa penal que paralice el traslado mientras no se resuelve, amparándose en los artículos 446.3 y 321 del Código Penal, que protegen el “adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia” y, sobre todo, a “determinadas obras o bienes que forma parte del Patrimonio Histórico Artístico”, por lo que sería “coherente y necesario que se ordene la paralización de la ejecución instada de una sentencia firme, que a bien seguro comportará la destrucción o grave alteración de esos bienes de interés cultural”, afectados por la máxima protección prevista por la Ley.

En concreto, esta querella se presentó públicamente en el acto ‘Sijena, defendamos los murales’, que tuvo lugar esta tarde en las Cocheras de Sants, en el que intervinieron el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, y los cinco exconsejeros de Cultura.