Todos ellos comparecieron por videoconferencia en una causa que permanece abierta desde 2013 gracias a la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia para evitar la prescripción. Los citados son Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra, 'Juanvi'; Asier Oyarzabal, 'Baltza', y Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'.

Las declaraciones duraron escasos minutos ya que todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar y se limitaron a asegurar ante el juez su relación con el atentado. El magistrado tenía también previsto tomar declaración a los también exdirigentes de ETA Ainhoa Múgica, ‘Olga’; Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy'; Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', pero fueron suspendidas.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional acordó investigarlos a todos por un delito de asesinato en conexidad con un delito consumado de coacciones y amenazas terroristas.

La querella de Dignidad y Justicia explicaba que Pedrosa fue “una de las numerosas víctimas” de la "política de expulsiones forzadas del País Vasco dirigida por la ‘zuba’, el que era máximo órgano de dirección de ETA, bajo amenaza de muerte".

Así, el juez asegura que durante años los comités ejecutivos de ETA dirigieron la política de “expulsiones forzadas” de distintos sectores de la población vasca discrepantes con sus postulados mediante coacciones y amenazas que progresivamente se fueron centrando en responsables políticos.

Según las investigaciones policiales, Jesús María Pedrosa fue sometido al “acoso continuado” por parte de ETA “durante mucho tiempo”, teniéndolo en su “punto de mira” por ser militante del PP en un momento en el que la banda puso en marcha una “estrategia de desestabilización” que señaló a los representantes políticos como objetivo.