Durante el proceso de reforma del reglamento de Extranjería, estas cinco entidades remitieron distintas propuestas al texto. Aunque algunas fueron recogidas, quedaron fuera demandas que consideran clave, como facilitar la reagrupación familiar o permitir el acceso a una cédula a personas sin pasaporte.

En un comunicado, las cinco organizaciones valoraron de forma positiva la flexibilización de determinados requisitos que permitirán la regularización de algunas personas extranjeras en situación administrativa irregular en territorio español. Aplaudieron que, en el caso del arraigo social, se reduce en un año el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo. También se felicitaron porque el arraigo socioformativo permitirá trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación.

CRÍTICAS

Sin embargo, para un número muy importante de personas seguirá siendo necesario vivir al menos dos años de manera irregular, criticaron, "con el impacto que esto tiene en sus condiciones de vida". Pese a los avances, las cinco entidades alertaron sobre las graves consecuencias que tendrá la aplicación del reglamento para miles de solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas o que hayan desistido de ellas.

Durante la tramitación de dicha solicitud, que suele durar entre uno y dos años, estas personas cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. Con la reforma del reglamento, la denegación supondrá la pérdida de esta autorización para decenas de miles de personas, que además deberán esperar dos años más para poder acceder a una autorización por arraigo.

La razón es que "no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo", explicaron las ONG. A su juicio, el nuevo reglamento de Extranjería provocará que "personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida sean penalizadas. Caerán en situación administrativa irregular y perderán los derechos reconocidos", advirtieron.

Denunciaron que, durante los primeros meses de 2025, la vida de miles de personas migrantes y solicitantes de asilo se ha visto paralizada ante la necesidad de tomar decisiones que afectarán su futuro y el de sus familias, "sin tener claridad sobre la interpretación de preceptos claves del nuevo reglamento".

ACLARACIÓN INSUFICIENTE

El Ministerio de Inclusión publicó dos instrucciones con la vocación de aportar estas aclaraciones: una de ellas relativa a las autorizaciones por arraigo y la otra al nuevo estatuto de familiar de español. Ambas demuestran "una voluntad de mejora del reglamento ", aunque lamentaron que "llegan tarde y no son la vía adecuada para introducir algunas medidas de calado, debido a la poca seguridad jurídica que generan".

Además de crear nuevas situaciones de irregularidad administrativa, "este reglamento no va a resolver de manera inmediata la situación de irregularidad en la que se encuentran miles de personas", lamentaron. Por ello, instaron a aprobar en paralelo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria de unas 400.000 personas migrantes.