Las dos formaciones nacionalistas democristianas, aliadas habituales del Ejecutivo socialista, ya adoptaron esta misma postura en 1985, cuando el Gobirno despenalizó por primera vez los tres supuestos de aborto legal. Ahora, vienen a coincidir con la petición de libertad de voto que ha hecho la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández.

Matilde Fernández sugirió ayer a todos los partidos políticos que dejen libertad de voto a su parlamentarios y dijo que tanto en esta nueva redacción del Código Penal como en la reforma parcial de 1985, el Gobierno ha seguido buscando equilibrios entre "los que se consideran a la izquierda nuestra, diciendo qu es insuficiente, y los grupos conservadores y los representantes de la Iglesia, interpretando que es un desastre ese avance".

Trías de Bes explicó a esta agencia que la coalición catalana todavía no ha adoptado una postura, pero dijo que él se opone al cuarto supuesto que propone el Gobierno o a una hipotética ley de plazos, que piden formacionmes como Izquierda Unida, porque consideran "suficientes" los tres supuestos actualmente despenalizados.

Trías de Bes, portavoz de CiU en la Comisión de Jsticia de la Cámara Baja, calificó la nueva reglamentación como "inoportuna y precipitada", porque va a traer grandes e innecesarios conflictos con la Iglesia católica o los médicos.

El diputado catalán y el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, aseguraron que ellos votarán "no", independientemente de lo que hagan en conciencia otros compañeros de grupo.

Ambos creen que la sociedad española no demanda hoy en día un debate de estas características y aseguraron que su introducción artificial en el deate social puede obedecer "o a una maniobra electoralista o a una maniobra de distracción para desviar la atención de problemas como la economía".

En concreto, Anasagasti opina que el Gobierno necesitaba un tema que le permitiera encabezar "un cierto izquierdismo visual", para contrarrestar una política económica diaria que es "de absoluta derecha".

"Además, el Ejecutivo no ha sido valiente, porque introducir la angustia como elemento subjetivo es tanto como enmascarar la aprobación del aborto lire. Aquí hay dos derechos en colisión: el de la madre y el del niño que va a nacer. Nosotros nos ponemos del lado del más débil, que es el niño", añadió.

IU Y LA LEY DE PLAZOS

Por su parte, el portavoz adjunto de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, Ramón Espasa, anunció hoy que su grupo no descarta presentar una ley de plazos en el Parlamento, para convertir la "chapuza" del cuarto supuesto que pretende regular el Gobierno "en un artículo que respete libremente la decisión de la mujer". Según Espasa, el Ejecutivo ni siquiera ha copiado el modelo francés, como asegura, porque en el país vecino la decisión del médico no es vinculante, mientras que en España el facultativo seguirá siendo quien decida si una mujer sufre angustia o no.

"El PSOE", añadió, "ha conseguido enfadar a tirios y troyanos. La derecha ha criticado la mayor flexibilidad de la ley y desde la izquierda criticamos que no se aborden de manera más respetuosa los derechos de la mujer".

El portavoz del PP en el Cmisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, hizo hoy un llamamiento al PSOE para que facilite un consenso con su partido, que es "prioritario" a la hora de elaborar un nuevo Código Penal.

Trillo criticó que el Gobierno no haya respetado los "ejes" que fijaron ambos partidos cuando fueron consultados por el Ministerio de Justicia durante la fase en que el proyecto de ley estaba siendo redactado. Por todo ello, el dirigente conservador prevé un debate "no sólo profundo, sino encondo".