Según explicó el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, la Generalitat "ha dado un paso más en su desobediencia anunciada al mandar instrucciones a los centros para prohibirles expresamente cumplir la ley y hasta dar respuesta a las familias y entidades que les piden cuentas de la aplicación de la sentencia”.

“El matonismo de Gonzàlez-Cambray ha llegado demasiado lejos y pone en la línea de fuego a todos los centros escolares de Cataluña”, lamentó, al tiempo que señaló que su partido no quiere “más guerra de lenguas en las aulas ni en la calle” y no está dispuesto a perder “un solo día más” ni “un curso entero” para “restaurar las libertades lingüísticas de todos”.

Asimismo, recordó que el departamento de Educación de la Generalitat “ni siquiera” está dando instrucciones a los centros educativos para incorporar el español como “lengua curricular” a pesar de haberlo pactado con el PSC.

“Si había alguna duda de que ese pacto era un engaño y de que nunca ha habido ninguna intención de renunciar al monolingüismo forzoso, que todo era un falso consenso como el de los indultos, ya no es posible engañar a nadie”, destacó.

La ampliación de denuncia presentada por Ciudadanos apunta a que el Govern podría estar cometiendo un posible “delito de prevaricación continuado” al no cumplir con “el derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza en castellano en todos los centros” puesto que dentro de esas instrucciones a las escuelas catalanas “se ordena excluir intencionadamente” la enseñanza en castellano.

El texto argumenta que “las autoridades públicas no tienen más alternativa que cumplir con la legalidad vigente al adoptar actos y resoluciones administrativas” y que “esto lo realizan a sabiendas de su ilegalidad e injusticia puesto que garantizar un suelo del 25% de la enseñanza en castellano en la educación sostenida con fondos públicos es una cuestión indiscutible en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, en la que no cabe el más mínimo grado de discrecionalidad, interpretación o excusa”.