Así lo indicó Guasp en sus redes sociales, donde señaló que las instituciones “merecen” a cargos públicos “libres de cualquier sospecha”. En este sentido, la portavoz nacional de Ciudadanos aseveró que un “presunto secuestrador investigado por la justicia no puede estar ni un segundo más en un Parlamento”, en este caso, el andaluz.

En un comunicado, el propio López negó de forma “tajante” cualquier relación con los hechos investigados y aseguró que no está “ni investigado ni imputado”, sino que únicamente se le entrega “copia del auto a fin de que tenga conocimiento de las actuaciones procesales seguidas” que le permitan “defenderme de unas manifestaciones calumniosas cuando corresponda”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclaró que, en un auto fechado a 25 de mayo, el Juzgado de Instrucción pide a la Sala de lo Penal del TSJA que “deduzca testimonio contra este aforado y otras dos personas no aforadas al considerar que existen indicios sobre su posible participación en este hecho”.

La decisión de remitir esta parte de la causa al TSJA se debe, explica el Tribunal, a que el Juzgado de Instrucción “no puede imputar a una persona aforada, ya que es competencia exclusiva de la Sala Penal del alto tribunal de Andalucía y acuerda que se deduzca testimonio contra las otras dos personas no aforadas con el fin de no dividir la continencia de la causa y evitar así que se produzcan resultados contradictorios”.