Así lo indicó Guasp durante un encuentro sobre sanidad en Palma de Mallorca, donde explicó que la ley que plantean no solo garantizaría el mismo acceso a los tratamientos o el mismo calendario de vacunas, sino también una tarjeta sanitaria “única”, un historial clínico “digital y único” y las mismas condiciones laborales para los profesionales sanitarios.

A su vez, con esta iniciativa, prosiguió Guasp, se conseguiría también el mismo acceso a las oposiciones, los mismos criterios y los mismos requisitos para los profesionales sanitarios en todas las comunidades autónomas, acabando así, por ejemplo, con que en Baleares se exija el requisito del catalán a médicos y enfermeras.

Durante el acto, celebrado ante la puerta de un centro de salud, Guasp dijo “basta ya” a tener un España un sistema sanitario “precario” y apuntó que los españoles no se merecen ser ciudadanos “de segunda o de tercera” dependiendo del “código postal” donde vivan. Guasp también dijo “basta ya” a que el PP y el PSOE utilicen como “arma arrojadiza” la sanidad.

Además, lamentó que “nos hemos acostumbrado” a un modelo de sistema sanitario que persiste en la “fragmentación sanitaria” y en “esas desigualdades territoriales”. “Uno de los grandes empeños por los que estoy en este partido es para derribar esas barreras que existen entre las comunidades y que nos hacen desiguales”, añadió.

SALUD MENTAL

Por su parte, el diputado de Ciudadanos y portavoz de Sanidad de este partido en la Cámara Baja, Guillermo Díaz, abordó el tema de la salud mental y deploró que el psicólogo, a día de hoy, es “un bien de lujo” y criticó que no hay protocolos sobre cómo tienen que actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante un suicidio o un intento de suicidio.

“Este tema habrá que tratarlo, ¿no? Es la principal causa de muerte entre niños de entre 15 y 29 años y la principal causa de muerte no natural en el resto de la población”, avisó Díaz, quien recordó que “con 100 millones de euros se podría haber aprobado nuestra ley de ELA” que lleva “vetada” y “bloqueada” más de un año, con 40 plazos de prórrogas.