Así se desprende de un documento elaborado para el Club de Exportadores por el técnico comercial y economista del Estado, Antonio Merino, en la que analiza el impacto sobre la industria europea de las dos medidas citadas anteriormente.

Según Merino, la combinación de ambos instrumentos está teniendo un efecto equivalente a “la introducción de un arancel interno”. Mientras los productores europeos deben asumir el coste del carbono incorporado a sus insumos energéticos y materiales, sus competidores de países con energía más barata o sin un precio equivalente para las emisiones de CO₂ mantienen estructuras de costes inferiores.

El experto considera que el CBAM permite mitigar parcialmente el impacto del ETS sobre determinados insumos básicos, como por ejemplo el acero, el aluminio, los fertilizantes o el cemento, pero no resuelve el problema de los sectores industriales transformadores, cuya importación no está sometida al CBAM, que concentran buena parte del valor añadido de la industria europea. Por el contrario, advierte de que el mecanismo puede añadir nuevos costes a lo largo de las cadenas de producción.

El documento explica que la presión sobre la industria europea se ha intensificado en los últimos años. En las primeras etapas del ETS, el precio de emitir CO2 se mantuvo en niveles reducidos debido, entre otros factores, a las asignaciones gratuitas y a un techo de emisiones elevado.

Sin embargo, en 2013 se eliminaron los derechos de emisión gratuitos para la generación eléctrica A partir de 2021. Además, se endureció la senda de reducción del techo de emisiones. La menor disponibilidad de derechos elevó su precio, que llegó a alcanzar los 100 euros por tonelada de CO₂ en 2022.

Este incremento tiene un impacto directo sobre los costes industriales, especialmente en las actividades con un elevado consumo energético. Merino pone como ejemplo el sector del automóvil, donde estima que, con un precio de 100 euros por tonelada de CO₂, “el coste de los derechos de emisión de carbono puede situarse entre 600 y 800 euros por vehículo”.

En fabricantes con márgenes operativos de entre el 3% y el 6%, este sobrecoste podría absorber, según sus cálculos, “una fracción significativa del beneficio unitario, entre el 30 y el 70%”.

El efecto, añade, “resulta todavía más relevante en las exportaciones, ya que los productos fabricados en Europa incorporan el mayor coste de toda la cadena de producción, mientras que los competidores internacionales no necesariamente soportan cargas equivalentes”.

La evolución prevista de los precios de los derechos de emisión constituye, a juicio de Merino, uno de los principales riesgos para la competitividad industrial europea. El experto contempla escenarios en los que el precio del CO₂ pueda alcanzar los 250 euros por tonelada, lo que tendría un impacto significativo sobre el precio de la electricidad, al no existir asignaciones gratuitas para la generación eléctrica.

En su opinión, esta situación generaría un diferencial de costes cada vez mayor para las empresas europeas, especialmente para las industrias intensivas en energía, frente a sus competidores internacionales. De hecho, Merino señala que desde 2021 ya se observan reducciones en las exportaciones de bienes intensivos en CO₂, debido a la pérdida de competitividad derivada de estos costes.

El experto también advierte de que la descarbonización no puede considerarse un proceso gratuito ni de bajo coste. En el sector eléctrico, señala, el precio de la generación incorpora también el coste de las emisiones asociadas a las tecnologías fósiles necesarias para garantizar la estabilidad del sistema. A un precio de 100 euros por tonelada de CO₂, calcula que este coste adicional alcanza los 30 euros por megavatio generado con gas natural y los 90 euros por megavatio generado con carbón.