La CNC explicó que cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado es habitual que se produzcan "retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones", lo que resulta "especialmente preocupante" este año, en el que finaliza el plazo de ejecución de los fondos europeos para la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras.

Asimismo, la Confederación insistió en que la Ley debe ajustarse "lo antes posible" para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores, y celebró que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se haya comprometido con los agentes sociales a impulsar un cambio en la normativa para explorar la posibilidad de relajar las reglas de indexación en los contratos públicos de las empresas que ejecutan y prestan servicios a las administraciones, sobre todo en los salarios.

En este sentido, la CNC recordó que tanto la patronal como los sindicatos de la construcción se comprometieron en el VII Convenio General del Sector a formular conjuntamente propuestas de modificación de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público.

"El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando la mano de obra como elemento revisable", explicó la CNC.

Por último, la CNC indicó que este convenio contempla una subida salarial del 7,25% hasta 2026, además de otras medidas destinadas a "reforzar el sistema de pensiones, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y favorecer la incorporación de nuevos perfiles al sector".