Entre los aspectos más relevantes de la normativa, destaca la obligación a los productores de productos textiles y de calzado de cubrir costes muy variados, entre ellos los de recogida, transporte, clasificación, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación de sus residuos.

Los residuos textiles generan grandes volúmenes de desechos, impulsados por el modelo de 'fast fashion'. Además, su reciclaje resulta complejo, ya que muchas prendas están fabricadas con mezclas y contienen tintes que dificultan su separación y recuperación, lo que provoca un impacto ambiental significativo.

Más allá de la entrada en vigor en 2029 de las obligaciones, la CNMC plantea otras observaciones, como fundamentar, según los principios de necesidad y proporcionalidad, el umbral aplicable a las empresas obligadas a presentar planes de prevención y ecodiseño, así como valorar si conviene reducir el periodo para actualizarlo.

También pide justificar adecuadamente los porcentajes de objetivos fijados, analizar su viabilidad y evaluar su impacto en los operadores. Asimismo, recomienda confirmar la existencia de infraestructura y tecnología suficientes para gestionar los volúmenes previstos.

Por último, pide establecer un plazo para que la Comisión de Coordinación emita sus informes sobre las solicitudes de autorización y asegurar que las especificaciones territoriales que pueda incorporar a las autorizaciones de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) estén justificadas. Además, reclama reforzar los recursos de las administraciones regionales más afectadas por las solicitudes y promover medidas que faciliten las negociaciones de los convenios entre los Scrap y las administraciones públicas.