Con el inicio de la pandemia el Gobierno aprobó la creación de una línea especial de avales para garantizar los préstamos de las entidades financieras a pymes, que ayudasen a solventar la extraordinaria falta de liquidez derivada de la pandemia.

A partir de abril de 2020, la CNMC empezó a recibir quejas de pymes en su Buzón Covid que denunciaban que las entidades estaban aprovechando estos préstamos avalados por el ICO para exigir la contratación de productos adicionales (fundamentalmente seguros de vida, pero también otros seguros y productos) y refinanciar deudas preexistentes.

Acto seguido inició una investigación analizando las prácticas descritas desde la perspectiva del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Tanto en la fase de instrucción como de resolución del procedimiento se llevaron a cabo múltiples actuaciones destinadas a esclarecer los hechos dirigidas a las entidades investigadas, a entidades representativas de consumidores y usuarios, de pequeñas y medianas empresas o del ámbito de los seguros, etc. Destacan particularmente los requerimientos efectuados por este organismo al ICO y al Banco de España, que no reportaron “incidencias relevantes, ni actuaciones concretas", según informó este lunes la CNMC.

De este modo, la CNMC concluye que “no se ha acreditado la concurrencia de los elementos necesarios para considerar probada una infracción” del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.