Así lo reveló Prieto en la Comisión de Investigación de la interrupción del suministro Eléctrico del Congreso, donde indicó que varios expedientes sancionadores abiertos recientemente son por incumplir con las obligaciones de control de tensión.

“En ningún momento nos envió ninguna comunicación de que se produjesen incumplimientos en el control de tensión”, afirmó Prieto, quien añadió que “de haberse producido hubiésemos abierto expedientes”. Además, explicó que la CNMC no incluyó este aspecto en su plan de inspecciones. “Tenemos que escoger donde poner el foco y no fue el caso”, apuntó.

A este respecto, explicó que según el procedimiento operativo 7.4 establecido desde el año 2000 o se producían consecuencias económicas si no se cumplía con los requerimientos que se exigía a la generación síncrona, que tampoco recibía contraprestación por ello.

También se refirió al proceso iniciado desde 2020 para renovar el procedimiento operativo, que culminó en junio, después del apagón. A este respecto, indicó que el proceso se demoró porque la propuesta de Red Eléctrica de 2022 no cumplía la normativa y por las muchas alegaciones recibidas y los proyectos piloto realizados. “Huba mucha discusión sobre cómo, quién, cuándo y a qué precio dar este servicio”, afirmó.

Además, explicó que la CNMC también ha abierto expedientes por desconexiones tempranas de plantas de generación por debajo del nivel de tensión y que todavía investiga la oscilación vinculada con la planta fotovoltaica de Badajoz.

“Contribuyeron muchos factores”, señaló Prieto, quien recordó que los expedientes de la CNMC también se refieren a conductas de hasta dos años antes del apagón, cuando ya se podían estar produciendo incumplimientos.

De hecho, indicó que se pueden referir a plantas que no estaban conectadas el día del cero peninsular. “No quiere decir que todos los expedientes indiquen que ese grupo que podría haber incumplido sea culpable o haya contribuido al incidente”, concluyó.