El proyecto normativo busca reforzar la preparación del sector asegurador para anticipar posibles situaciones de inviabilidad y crear un marco de actuación que permita una gestión ordenada y minimice los efectos adversos de la insolvencia de aseguradoras y reaseguradoras.

También servirá para configurar el esquema institucional del régimen de resolución, que designa a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como autoridad nacional de resolución, y define sus competencias.

La CNMC concluyó en su informe que la normativa configura un régimen de “responsabilidad financiera total”, que protege el erario público y alinea los incentivos de inversores y gestores con el interés general.

A su vez, incorpora de forma transversal el principio de proporcionalidad, que modula las cargas administrativas impuestas según el tamaño y complejidad de las entidades.

RECOMENDACIONES DE LA CNMC

La CNMC también emitió recomendaciones desde la óptica de la promoción de la competencia y la buena regulación, como la necesidad de tener en cuenta que el uso del Fondo de resolución de seguros, aunque se financie con aportaciones privadas, puede considerarse una ayuda de Estado y, por lo tanto, necesitará el control previo de la Comisión Europea.

También instó a garantizar que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones esté estructurada de forma que no haya conflictos de interés. Asimismo, se deberán definir de forma más precisa conceptos como el "interés público" o los criterios de "evaluación de resolubilidad".

La CNMC aconsejó evaluar el impacto en la competitividad de las entidades aseguradoras de una acumulación de recursos en el Fondo de resolución, establecer un límite máximo para esos recursos y hacer más previsibles las contribuciones ordinarias y extraordinarias.

Por último, pidió definir de forma más precisa los requisitos de acceso a la profesión de administrador especial de conformidad con el test de proporcionalidad, para lo que se puede contar con la colaboración de la CNMC.