Según informó Competencia este jueves, la compensación a Correos por su papel como operador designado para prestar el SPU se ha fijado en 159 millones de euros, que se liquidan contra las cantidades recibidas a cuenta por Correos por este mismo concepto.

El servicio postal universal es el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios. Correos recibe una compensación por el coste adicional (la denominada carga financiera injusta) que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio público y que la CNMC ha cuantificado en 159,3 millones frente a los 171,59 millones que había calculado la empresa postal.

La CNMC ha aplicado una penalización de 40,6 euros por desviarse de los objetivos de calidad exigidos, lo que deja la cantidad final en 159,29 millones, dejando un saldo de 1.119,5 millones para futuras liquidaciones.

La CNMC tiene competencias para verificar el coste neto y determinar la carga financiera injusta del SPU desde la entrada en vigor de la Ley Postal en 2011. A pesar de ello, no ha podido ejercerla hasta ahora por faltar una metodología de cálculo del coste neto que debía aprobar el Consejo de Ministros y que se aprobó finalmente en junio de 2021.

Tras la presentación de los cálculos de Correos para los ejercicios 2011 a 2020, la CNMC identificó problemas en la metodología que puso de manifiesto en un reciente informe. Cuantificando de forma conservadora el impacto de los nuevos ajustes que correspondería hacer, éste sería de alrededor del 14% del importe total calculado por Correos para el periodo 2011-2020. La CNMC recomendaba, además, revisar la metodología, con vistas a las verificaciones a partir del ejercicio 2021.