El organismo regulador también sugiere reconsiderar la obligación de adscribir un número mínimo de vehículos dado que los pliegos ya garantizan unas frecuencias y expediciones mínimas, sin perjuicio de lo previsto en el reglamento de transportes terrestres.

Asimismo, reclama especificar los criterios para determinar la antigüedad máxima de los vehículos adscritos sobre la base de parámetros económicos objetivos -como la amortización derivada del mayor uso de los vehículos, o sus emisiones- y pide interpretar de una manera restrictiva las obligaciones de subrogación, limitándola exclusivamente al personal vinculado a la concesión y asegurando la veracidad de los datos facilitados por el incumbente. Asimismo, pide justificar la necesidad y proporcionalidad de la dotación mínima de personal exigida.

También destaca la importancia de justificar los umbrales de solvencia económica y financiera y reclama que se replantee la necesidad de exigir experiencia previa para la ejecución de contratos de menor tamaño o complejidad.

Por otra parte, destaca la importancia de incluir como un criterio económico evaluable a través de fórmulas las expediciones adicionales ofertadas, pide justificar la reducción del peso de los criterios económicos y pide reconsiderar los parámetros fijados para determinar la presunción de anormalidad de las ofertas, para adaptarlos a la realidad del sector.

Además, reclama eliminar el criterio basado en la calidad percibida, así como valorar alternativas para considerar el uso de vehículos menos contaminantes (como el grado de emisiones).

Por último, en relación con el fomento de la intermodalidad, pide fomentar otros medios de transporte (metro, tranvía o ferrocarril) y justificar la necesidad y la proporcionalidad de la obligación de prestar atención al usuario presencial en una de las paradas principales, cuando existen otros canales disponibles.