El organismo regulador ha comenzado a enviar cartas a estas entidades y organismos públicos, en las que les advierte de estas conductas y les detalla los mecanismos a seguir para actuar en caso de resultar afectadas, según informa la comisión en su blog, en un artículo recogido por Servimedia.

La CNMC les advierte de que algunas empresas pactan precios, se reparten licitaciones o coordinan sus ofertas para eliminar la competencia, en unas prácticas conocidas como ‘bid rigging’ y que, según la OCDE, pueden llegar a incrementar el coste de la contratación pública hasta un 20%.

Competencia informa a las Administraciones de que persigue y sanciona estas conductas desde hace años, con el uso, por ejemplo, de herramientas como Brava.

Pero además de las sanciones que impone la CNMC, cualquier afectado por una conducta anticompetitiva, también las entidades públicas, tiene derecho a reclamar una compensación a las empresas infractoras.

RECLAMAR LOS PERJUICIOS

“Aunque este derecho existe, muchas administraciones desconocen que pueden ejercerlo. Por ello, la CNMC ha comenzado a enviar cartas informativas a entidades públicas que podrían haberse visto afectadas por conductas anticompetitivas”, señala Competencia.

Junto a esta iniciativa, la CNMC ha publicado la ‘Guía de cuantificación de daños’ y ha lanzado una consulta pública para conocer por qué el sector público reclama tan poco.

“El objetivo es claro: que las entidades públicas conozcan sus derechos, valoren si han sufrido un perjuicio y, en su caso, reclamen los daños ante los tribunales. Porque defender la competencia también significa proteger el dinero público y garantizar que quienes han sufrido un perjuicio puedan reclamarlo”, agrega el artículo.