Según indicó el organismo supervisor, la sanción se debe a prácticas por parte de la RSCE que obstaculizan la actividad de otras asociaciones rivales y de discriminación a jueces caninos.

La CNMC inició en octubre de 2020 una investigación sobre las actuaciones de la RSCE por posibles prácticas anticompetitivas tras recibir una denuncia del Real Club Español de Perro Pastor Alemán, a la que se unieron las asociaciones Kennel Club España, la Asociación Nacional de Criadores Caninos y Multiformación, y la Real Federación Española de Caza.

En concreto, el supervisor explicó que, en España, para que un perro sea considerado de pura raza es necesario que disponga de un certificado de pedigrí que puede emitir cualquier asociación canina reconocida oficialmente, previa inscripción del animal en su registro genealógico, dado que el mercado de certificación de perros de raza se liberalizó en España en 2001.

Sin embargo, la CNMC señaló que sólo la RSCE está habilitada para emitir certificados de exportación reconocidos internacionalmente, imprescindibles para poder exportar perros que puedan ser inscritos como perros de raza en el país de destino, dado que, a pesar de la liberalización del mercado de certificación, la RSCE es la única asociación cuyos certificados están reconocidos internacionalmente por la Fédération Cynologique Internationale (FCI).

INFRACCIONES

En este contexto, el supervisor sanciona a la RSCE por imponer a los titulares de perros de raza inscritos en otras asociaciones, para poder disponer de un certificado de exportación de la RSCE, su baja de esas otras asociaciones competidoras, así como la inscripción en el registro de la RSCE, con el pago de las tasas correspondientes.

Asimismo, la CNMC también sanciona la “discriminación tarifaria y el borrado del historial y palmarés de los perros inscritos en su registro que procedían de otras asociaciones, frente a aquellos perros inscritos originariamente en el registro de la RSCE”. A este respecto, la CNMC explicó que a los perros que son cambiados de registro se les eliminan los datos de sus ancestros en el libro de la RSCE, “lo que genera un relevante impacto en su valoración”. Además, señaló que “se cobran precios distintos por el registro de los perros, dependiendo de si se inscriben por primera vez o provienen de registros de otras asociaciones caninas competidoras, sin que exista justificación para ello.”

Por otro lado, tanto los miembros de la FCI como la RSCE habilitan jueces para participar en concursos y exposiciones que permiten a los perros acceder a categorías que les confieren mayor valor.

En este sentido, la CNMC observó que las limitaciones impuestas por la RSCE a sus jueces para participar en exposiciones de las asociaciones competidoras “tienen un impacto potencial en la entrada de éstas en el mercado”, considerando dichas prácticas un abuso.

CONCLUSIONES

Así, la CNMC multa a la RSCE por “la discriminación consistente en la persecución, prohibición y sanción a los jueces caninos formados y habilitados por la RSCE -y a otros jueces formados y habilitados por otras asociaciones caninas extranjeras miembros de la FCI- cuando han pretendido arbitrar o han arbitrado en eventos organizados por otras organizaciones caninas competidoras nacionales”.

La sanción también responde a “la creación y utilización de una estructura organizativa de socios colaboradores, clubes colaboradores y clubes amigos, mediante la firma de pactos de exclusividad y no competencia para reforzar su posición de dominio en los mercados de la certificación genealógica nacional e internacional frente a otras asociaciones caninas nacionales competidoras”.

Todas estas actuaciones, señaló la CNMC, “han ralentizado la expansión de las organizaciones caninas nacionales con libros de perros de raza propios y han mermado sus ingresos, al reducir la demanda de los certificados de raza pura solicitados a las asociaciones competidoras e incrementar los ingresos de la RSCE”.

Además, concluye que “la RSCE ha obstaculizado el desarrollo de las exhibiciones, competiciones y eventos caninos organizados por las asociaciones caninas competidoras y ha reducido el número de jueces caninos disponibles en el mercado”.

Por todo ello, la CNMC impone a la RSCE una multa de 142.996 euros “por la comisión de una infracción única y continuada muy grave del artículo 62.4. b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”.