Desde la CNMC precisaron que las siete empresas sancionadas son la Plataforma Femar, Acacio, Serviline Foods, Asesores Llangon, Leonesa de Patatas, Hermanos Vidal y Frutícolas Ateca. Se repartieron contratos públicos en distintas instituciones como la Academia General Militar de Zaragoza.

Competencia explicó que la investigación nació de una alerta de los órganos de contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón que pusieron en conocimiento de Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón posibles indicios de colusión en varias licitaciones.

Tras esto, la CNMC inició una investigación y realizó inspecciones en las sedes de varias distribuidoras de alimentos en marzo y septiembre de 2022. En diciembre de ese mismo año, incoó un procedimiento sancionador a varias empresas, que amplió en julio de 2023.

REPARTO DE LICITACIONES

El primer cártel, formado por Femar, su filial Acacio, Serviline y Llangon, se repartió las licitaciones para suministrar alimentos a colectividades dependientes de organismos públicos y privados desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2021. Este cártel concertó una “bolsa conjunta de beneficios” y operó gracias al rol de facilitador de Llangon —empresa de asesoramiento para concursos públicos sin volumen de negocio en el mercado afectado—. Esta bolsa, explicaron desde la CNMC, funcionaba mediante una suerte de subcontrataciones entre las empresas. Estas subcontraciones estaban prohibidas en la mayoría de los pliegos o no se comunicaban al órgano de contratación. Eran un subterfugio para compensarse el reparto de los lotes y cumplir con un reparto de los beneficios al 50%.

Además, las empresas también intercambiaron información comercial sensible sobre sus márgenes de beneficio en los contratos, los precios de oferta a un cliente privado, su zona de influencia para operar, las licitaciones a las que se iban a presentar e, incluso, la contraseña y el certificado digital para acceder a la plataforma de contratación.

Por ello, desde la CNMC decidieron multar a Femar con 2,4 millones, a Acacio con 346.000 euros, a Serviline con 170.000 euros y a Llangon con 3.500 euros. Además, se multó a directivos de las cuatro empresas.

El segundo y tercer cártel consistió en dos acuerdos anticompetitivos que alcanzó Femar con Leonesa y dos empresas vinculadas entre ellas: Hnos. Vidal y Ateca, respectivamente.

En el primer acuerdo, cuando los órganos de contratación les invitaban a participar en el concurso, Femar acordó con Leonesa la presentación recíproca de ofertas de cobertura, repartiéndose los centros penitenciarios en función de su localización. En el segundo acuerdo, Femar también acordó con Hnos. Vidal y Ateca, vinculadas al tener los mismos administradores, presentar ofertas de cobertura para repartirse los contratos.

Por ello, Leonesa de Patatas ha recibido una multa de 45.000 euros, Frutícolas Ateca tiene una sanción de 65.000 euros y la de Hermanos Vidal asciende a 60.000 euros. Además, Femar ha sido condenada con 244.000 euros por la segunda infracción y 163.000 euros por la tercera infracción, así como uno de sus directivos.

La CNMC destacó que este tipo de cárteles son particularmente dañinos porque impiden el acceso de las empresas al mercado, merman la competitividad y afectan al presupuesto público e invitó a los órganos de contratación a que pongan en conocimiento de la CNMC o de las autoridades de competencia autonómicas cualquier indicio de prácticas anticompetitivas en sus expedientes de contratación.