El organismo regulador ha abierto una actuación por este asunto, dentro de sus iniciativas relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. La CNMC explica en un comunicado que el consistorio de Vejer de la Frontera ha obligado a un operador a justificar que la instalación es compatible con el ordenamiento urbanístico y los usos del dominio público. Pero la información solicitada podría estar ya en la memoria técnica presentada por el operador, en manos del propio ayuntamiento.

La comisión recuerda en un comunicado que la administración pública “debe reducir al máximo las cargas burocráticas y justificar cualquier exigencia adicional”. Los operadores de telecomunicaciones se quejan de forma recurrente de que los ayuntamientos les exigen mucha documentación, no son rápidos en la concesión de licencias de tendido de redes y sufren duplicidades en las peticiones de información de las diferentes administraciones.