Así se recoge en una propuesta normativa aprobada por la CNMC para actualizar y mejorar la regulación que lucha contra unas prácticas prohibidas que han aumentado en los últimos años. El hecho es que las conexiones ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas ilegales que suponen un fraude para sistema eléctrico. Además de encarecer los costes para el resto de los consumidores, generan riesgos relacionados con la seguridad ciudadana.

Entre otros, la CNMC propone fijar unos procedimientos comunes de actuación para los distribuidores cuando realicen sus inspecciones. También aborda las actuaciones en caso de confirmarse el fraude y las comunicaciones entre los sujetos afectados.

Además, pide que las medidas adoptadas, como los cortes del suministro, busquen minimizar el impacto en los consumidores que pagan sus facturas y que se Preste especial atención a los hogares con consumidores vulnerables.

En cuanto a la facturación, propone aprobar mediante una resolución los valores de potencia y horas de utilización de energía para facturar los importes derivados del fraude en los casos en que no puedan aplicarse criterios objetivos.

Además, establece que los precios de peajes y cargos serán los correspondientes, según el tipo de consumidor. El coste de la energía será el regulado; es decir, el equivalente al coste de energía del PVPC.

Por último, sugiere que los peajes y cargos se incrementen por un factor multiplicador. La CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada uno en el ámbito de sus competencias, se encargarán de su aprobación.