El SPU garantiza una prestación de calidad y a precios asequibles, en todo el territorio nacional, de envíos nacionales y transfronterizos, ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta dos kilos de peso, y de paquetes postales hasta 20 kilos. Correos es el operador designado para prestar estos servicios, y recibe una compensación por ello.

La CNMC es la encargada de la supervisión del sector postal, incluida la verificación de esa compensación a Correos, de acuerdo con la Ley Postal. La metodología para su cálculo debía incluirse en el Plan de prestación del SPU, que se aprobó por el Consejo de Ministros en 2021.

La CNMC ha señalado en varios informes y resoluciones los problemas de los que adolece esta metodología y ha instado a la aprobación de una nueva, para su aplicación con efectos desde el ejercicio 2021.

Según informó el regulador este lunes, la nueva metodología que plantea se basa en los principios de eficiencia y razonabilidad económica, y en su experiencia en la verificación del coste neto del SPU del periodo 2011 a 2020. Además, incorpora las mejores prácticas europeas.

La metodología aboga por un enfoque PC ('Profitability Cost), y plantea el cálculo del coste neto del SPU como la diferencia entre los costes incurridos en el escenario base del operador designado (la situación actual, con obligaciones de servicio público) y el escenario contrafactual (uno hipotético, sin obligaciones de servicio público), donde el operador aplicaría de manera progresiva decisiones racionales para convertir en rentables las oficinas no rentables.

Además, tiene en cuenta el valor de las ventajas inmateriales, como la reputación e imagen de marca y la mejora publicitaria, con las que cuenta Correos por ser el operador designado para prestar el SPU. También se valora el derecho a percibir un beneficio razonable, calculado como un coste medio ponderado del capital, y un incentivo a la eficiencia.

La CNMC apunta que una de las principales ventajas operativas de la metodología propuesta es que puede aplicarse desde el ejercicio 2021, y también más allá de 2025, cuando se aplicará la reforma de la Ley Postal, por la cual el SPU se divide en dos, según se realice en el ámbito urbano o en el ámbito rural.