En un informe sobre el anteproyecto, el organismo regulador asegura que en líneas generales, no detecta en la futura norma restricciones injustificadas a la competencia, y valora “positivamente su designación como coordinador de servicios digitales y autoridad de supervisión de los medios de comunicación”.

No obstante, advierte de carencias en la atribución de medios organizativos y personales para llevar a cabo estas nuevas funciones, y pone de manifiesto la importancia de articular mecanismos que la garanticen.

El informe señala que la creación de dos nuevas direcciones que tendrá que poner en marcha y la actualización de una subdirección ya existente (Asesoría Jurídica) supondrá un coste total anual en términos retributivos que cifra en 2,23 millones de euros.

En concreto, la Dirección de Servicios Digitales, con tres nuevas subdirecciones y 17 nuevos puestos conllevará un coste por ejercicio de 695.866 euros, mientras que la Dirección de Medios de Comunicación, con cuatro nuevas subdirecciones y 32 nuevos puestos, supondrá 1,53 millones de euros. El refuerzo del área de Asesoría Jurídica obligará a un desembolso de casi 9.000 euros.