Antes de acudir a los tribunales, la CNMC requirió al Gobierno de Baleares que modificara o eliminara los artículos problemáticos para evitar su impugnación. No obstante, el Govern rechazó las propuestas planteadas.

La CNMC señala en un comunicado este viernes que no cuestiona el decreto en su conjunto, sino determinados requisitos de acceso y ejercicio de la actividad que considera "innecesarios, desproporcionados y discriminatorios, y que pueden reducir la competencia y perjudicar a los consumidores y usuarios".

Los preceptos impugnados se refieren, por un lado, a la antigüedad máxima de los vehículos para nuevas autorizaciones de taxi y VTC. Según la comisión, exigir menos de dos años desde la matriculación limita el acceso de vehículos sin garantizar un mejor servicio.

También hay otros dos relativos a la longitud mínima de los vehículos de taxi y VTC. El decreto permite que los vehículos que usan fuentes de energía alternativas puedan tener una longitud menor que otros más contaminantes. Sin embargo, se establece un tamaño mínimo de 4,35 metros, lo que, para la CNMC, reduce la oferta de vehículos no contaminantes de forma injustificada sin mejorar la calidad del servicio o el confort para el usuario. Además, vehículos más pequeños mejorarían la eficiencia del servicio y reducirían el uso del espacio público.

Otros artículos cuestionados por Competencia son relativos al máximo de tres solicitudes de autorizaciones VTC por titular, la prohibición del alquiler parcial en VTC (artículo 59) y la publicación obligatoria de las tarifas de los VTC en una página web.