En su informe a la norma, solicitado por el Ministerio de Hacienda, el organismo supervisor señala que el texto tiene como objetivo establecer un sistema integral para prevenir, detectar y sancionar el fraude y la corrupción en el sector público, reforzar la confianza institucional y salvaguardar el interés general.

"La CNMC valora positivamente la iniciativa. La evidencia muestra que la corrupción reduce la competencia y la eficiencia económica, por lo que las medidas para prevenirla contribuyen también al buen funcionamiento de los mercados", indica el informe publicado este jueves. "El texto incorpora avances alineados con recomendaciones previas de la CNMC en contratación pública, como la mejora en la planificación y diseño de licitaciones, la digitalización y centralización de la información contractual, el refuerzo de la motivación de decisiones que limitan la concurrencia y la profesionalización de la contratación".

La CNMC también valora positivamente el uso de herramientas de análisis de datos, el mayor acceso a la información para supervisores y la publicidad de las prohibiciones de contratar, por su efecto disuasorio.

RECOMENDACIONES

Desde la perspectiva de la competencia y la buena regulación, la CNMC propone algunas mejoras al anteproyecto, como incluir de forma expresa los riesgos de colusión en la contratación pública y reforzar la formación en competencia del personal público, y limitar y controlar de forma más estricta la subcontratación en encargos a medios propios.

También pide que se evite que una transparencia excesiva en la información contractual facilite la colusión o exponga información sensible, así como

fomentar, en la medida de lo posible, la concurrencia en los contratos menores.

Según la comisión, también habría que exigir a los licitadores declaraciones de oferta independiente y ausencia de colusión, e informar en los pliegos sobre canales de denuncia anónima, y mejorar la interoperabilidad y la usabilidad de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Según el regulador, se tendrían también que prrecisar los entes con acceso a la información a efectos de control e incluir la detección de infracciones de competencia, y reforzar la interconexión entre registros públicos, incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de competencia.