Marín participó en el ‘II Congreso del Instituto de Gobernanza Empresarial’, en el que defendió la importancia de la figura del consejero independiente. Consideró que su papel “cobra aún mayor relevancia” en un contexto de “cambio e incertidumbre” por su contribución al debate, al análisis y a la revisión de la estrategia en el seno del consejo.

La vicepresidenta de la CNMV afirmó que el consejo de administración “necesita contar con voces expertas e independientes, ya sea en su propio seno o apoyado por expertos externos”, en un momento en que existe un entorno de riesgos tradicionales en la gestión del negocio y riesgos adicionales como son los geopolíticos y los tecnológicos.

Marín también defendió la transparencia en el consejo y en las políticas retributivas de los consejeros. “Estas deben ser claras para todos los accionistas, con objetivos cuantificables e integradas en la estrategia empresarial”, añadió.

Igualmente, Marín expuso que hoy se lanza el proceso para revisar el Código de Buen Gobierno de las cotizadas, tras cinco años desde la última modificación, en 2020. “Consideramos que ha llegado el momento de esa revisión para tener en cuenta las nuevas tendencias y retos para el gobierno corporativo”, justificó. Explicó que para esta revisión contarán con expertos y con especialistas que les asesorarán de manera bilateral sobre aspectos determinados.

La número dos de la CNMV se refirió a la diversidad de género para recordar que, según los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre del ejercicio 2024, el promedio de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas alcanzaba el 36,68%. Este porcentaje en las sociedades del IBEX 35 subía hasta el 41,3%. Juzgó estos datos como “indudablemente positivos” y apuntó que “no son tan buenos” los de la alta dirección, donde la presencia femenina no llega al 25% cuando la mayoría de los aspirantes a los puestos de consejeros proviene de este nivel.

Recordó que la ley de paridad “da un salto cualitativo” y convierte en obligación legal para la alta dirección y no solo para las cotizadas el contar con al menos un 40% del sexo menos representado. A partir de junio de 2026 esas obligaciones son de aplicación para las 35 sociedades de mayor capitalización bursátil, y para el resto, a partir de junio de 2027.

Por último, apeló a “mantener la ambición climática y los objetivos de la sostenibilidad de la UE, aunque en un contexto de simplificación y de flexibilidad que favorezcan el crecimiento y la competitividad de la economía y empresas europeas”.