Así lo expresó su presidente, Francisco Pascual, en un comunicado emitido al término de la reunión que mantuvo con el nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, después de que la ministra, Mónica García, manifestara su intención de reactivar la aprobación del Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2021-2025, que, recordó, “acumula ya dos años de retraso”.

En la reunión, celebrada en la sede del Ministerio y a la que también asistieron la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y el vicepresidente del CNPT, Joan B. Soriano, el presidente de este organismo mostró su respaldo al gabinete de García a la hora de adoptar medidas que “apuesten, con decisión, por políticas de prevención y control del tabaquismo en España” con el fin de “atajar” el que considera el “mayor reto de salud pública” al que se “enfrenta” el país.

Tras tildar de “decepcionante” la “actuación” de los dos últimos titulares de Sanidad, el presidente del CNPT reconoció que la “intención” expresada por la nueva ministra “va en la línea” de lo que, para el comité, “debe ser una gestión enfocada a mejorar la salud pública de la ciudadanía”.

En paralelo, le ofreció el “apoyo” de las 43 entidades profesionales sanitarias tanto de Atención Primaria como hospitalaria, pacientes y sociedad civil que integran el comité para poder implementar las políticas de control de tabaco que, a su entender, “desgraciadamente, no se han puesto en marcha en los últimos años por diferentes motivos" y que resulta "urgente activar cuanto antes para hacer frente a la primera causa de mortalidad prematura evitable en el país”.

MEDIDAS URGENTES

Entre ellas se encuentra la aprobación de un plan integral sobre el que, puntualizó, “existía un consenso unánime entre la comunidad sanitaria” y cuya aprobación, lamentó, “se paralizó de un día para otro sin que se dieran explicaciones al respecto”.

Para Pascual, este plan debe ser el “germen” de una futura Ley de Tabaco que “sustituya” a la actual, aprobada en 2005, y, en este sentido, también trasladó a la directora general de Salud Pública las medidas que el comité juzga “necesarias” para “avanzar” en la “lucha” contra el tabaquismo, que aportó en su día durante el proceso de elaboración del plan y que después se “concretaron” en la ‘Declaración Endgame Tabaco España 2030’, presentada en noviembre de 2022, firmada por más de 70 entidades sanitarias y civiles y que recoge una treintena de medidas a corto y medio plazo.

De entre todas, el CNPT destacó la restricción, a partir de 2025, de la adquisición de tabaco o nuevas formas de consumo a todas aquellas personas nacidas en 2007 y en adelante así como la “consolidación” de espacios sin humo de tabaco ni aerosoles/vapores, con una “hostelería 100% sin humos”, al igual que espacios deportivos y campus universitarios y el establecimiento de perímetros de seguridad de al menos diez metros en los accesos a centros educativos y hospitales, accesos a centros comerciales, paradas de autobuses, andenes de medios de transporte, playas y otros espacios naturales, piscinas y espacios en los que se produzcan aglomeraciones.

Junto a ello, abogó por declarar todos los medios de transporte, públicos o privados, libres de humo de tabaco y por la equiparación legal de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina, los productos a base de hierbas para fumar, los productos de tabaco por calentamiento (PTC) y otros productos novedosos para el consumo de tabaco, con los productos tradicionales del tabaco en términos fiscales y legislativos.

MÁS PROPUESTAS

Además, reclamó la subida de los impuestos del tabaco, con independencia del producto de tabaco/nicotina o similar de que se trate, para tener una carga impositiva “al nivel de los países más desarrollados en cuanto a las políticas de prevención y control del tabaquismo de la Unión Europea”.

Del mismo modo, insistió en la necesidad de implementar el empaquetado genérico para “reducir” el “atractivo” del producto “especialmente” entre la población infantil y adolescente, aumentar su percepción de riesgo y “disuadir de su consumo” y de “restringir” la venta de cualquier producto del tabaco y similares a las expendedurías de tabaco del Estado, eliminando la posibilidad de venderlo en máquinas expendedoras, la hostelería, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.

A este respecto, también exigió “reforzar” la prohibición de la venta a menores, a través de la obligación de los establecimientos de comprobar la edad de toda persona que vaya a comprar tabaco y/o productos relacionados, así como la labor de inspección y, en su caso, sanción por incumplimiento de esta norma.

Por último, incidió también en la urgencia de destinar un 2% de los impuestos especiales del tabaco a prevención y control del tabaquismo, incluyendo investigación e implementación de intervenciones en grupos en situación de “mayor vulnerabilidad”, y en la “reconversión industrial y profesional” del sector mediante la creación de un fondo para la reconversión y asignación de un programa específico de reciclaje profesional de los trabajadores y empresarios “afectados”, con “especial atención a las circunstancias territoriales”.

En este contexto, Pascual hizo hincapié en que en España fallecen más de 60.000 personas al año a causa del tabaquismo y en el “estancamiento” de la “lucha” contra el tabaco “en los últimos años”, como, a su juicio, demuestra el hecho de que el 71,8% de los menores de 12 años respiran humo ambiental del tabaco tanto en espacios cerrados como abiertos o de que España tenga una de las tasas de consumo de tabaco más alta de la Unión Europea, con casi el 20% de la población de 15 o más años fumando a diario, y con los precios más bajos de los productos del tabaco.

Por este motivo, el comité también apostó por “actualizar” la normativa de control del tabaco a una “realidad” en la que nuevos productos de nicotina, nuevas formas de promoción y nuevos espacios de publicidad, como las redes sociales, “hacen más vulnerable a la población joven”.