La organización, “en representación de un sector estratégico para la cultura y la economía española y europea, reitera su posición en el marco de la revisión de la Recomendación (UE) 2023/1018 sobre la lucha contra la piratería en línea de deportes y otros eventos en directo, con la petición expresa de la adopción de medidas específicas para la protección de todos los contenidos, que por su sensibilidad al transcurso del tiempo, requieren una protección eficiente, ágil y urgente, incluidos, especialmente, los culturales”.

“Esta solicitud viene respaldada por una sólida y acreditada experiencia en la detección, localización y tratamiento de contenido ilícito durante los casi 17 años de andadura de la Asociación. Son importantes los hitos atesorados en este tiempo, como la publicación de carácter anual del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo Digital, estudio referencial en España y citado por organismos europeos, y la institución correguladora del Protocolo para la Protección de Derechos de Propiedad en la que participan el Ministerio de Cultura de España y los ISPs que tienen su actividad en nuestro territorio. En concreto, durante los últimos cinco años, en que ha venido actuando con plena eficacia, ha logrado impedir el acceso a miles de millones de contenidos ilícitos y a miles de sitios web a través de los que se accedía a contenidos culturales ilícitos”, señala el escrito de la Coalición de Creadores.

Además, insistieron en que siempre valoraron “el diagnóstico certero que la Comisión realizó en 2023 sobre la piratería digital y la necesidad de medidas expeditivas para proteger las retransmisiones en directo”. Una piratería que, señalaron, va más allá de eventos en directo, con otros contenidos” cuyo valor económico y cultural se concentra en plazos muy reducidos”, como lanzamientos editoriales, estrenos cinematográficos y audiovisuales, videojuegos, novedades musicales o contenidos filtrados antes de su publicación, prensa diaria, exclusivas, reportajes e investigaciones, “todos y cada uno de ellos de altísimo valor”.

La carta indica que, sólo en 2024, en España se accedió a 7.330 millones de contenidos ilicitos un 8% más que en 2023, con un valor de mercado de 42.782 millones de euros, lo que “ha originado un perjuicio para creadores e industrias de la música, el cine y las series, los videojuegos, el libro, la prensa y las imágenes que asciende a 3.032 millones de euros y 1.992 millones en 2023”. Esto, continúan, “se debe también a que prácticamente la mitad de los contenidos de todas las industrias que se piratean son novedades, estrenos y lanzamientos: un 49% de los mismos tiene menos de un año de antigüedad desde su salida al mercado. Es rotundo el impacto positivo que puede tener adoptar medidas temporalmente más efectivas para luchar contra la puesta a disposición de este tipo de contenidos. Este perjuicio ha lastrado igualmente la creación de empleo en España en una estimación de 188.058 puestos de trabajo directos e indirectos, mermando también los ingresos de las arcas públicas, que han dejado de percibir 955 millones de euros en 2024 (más de 8.000 millones desde 2012)”.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos insta a la Comisión a “extender la protección a todos los contenidos sensibles al tiempo, equiparándolos a los eventos en directo. La urgencia en la retirada de contenidos ilícitos es idéntica: cada minuto cuenta para evitar daños irreparables y claramente cuantificables a creadores, industrias y consumidores, además de a la cultura, la sociedad, la economía, el empleo y la competitividad europea”.

“Si bien en nuestras alegaciones remitidas a lo largo de la iniciativa hemos detallado una serie de propuestas, explicadas en profundidad, nos vemos obligados de nuevo a recordar que para garantizar una protección eficaz es urgente que se impulsen las medidas adecuadas y se establezcan obligaciones claras que impliquen a los servicios intermediarios en la protección específica de este tipo de contenidos”, explica.

En dichos instrumentos deberán proyectarse, según la entidad, actuaciones expeditivas y dinámicas: bloqueo inmediato y actualización frente a medidas elusivas (encriptación, servicios que garantizan el acceso al contenido iícito); instrumentos de corregulación y supervisión administrativa: sistemas multilaterales que garanticen la eficacia de las medidas y salvaguardas; la necesidad de activar la obligación de stay down (impedir la reaparición de contenidos ilícitos); reforzar la identificación de los prestadores de servicios en el ámbito digital; e implantación de obligaciones de transparencia y KYBC.