Así figura en el último informe de ‘Cumpliendo’ que hizo público el Ejecutivo presidido por Sánchez en diciembre de 2022 dando cuenta de los objetivos fijados en el acuerdo de coalición y de cuántos de ellos ya se habían realizado.

“De los 428 compromisos procedentes del acuerdo de coalición progresista, ya se han cumplido el 68,9% de ellos, con una evolución prevista a julio de 2023 que alcanza el 75,9%. En este ámbito, se ha superado en un +6,3% la previsión de cumplimiento realizada en el semestre anterior”.

Dicho informe es el último publicado porque, con el adelanto electoral convocado por Sánchez el mayo, el informe sobre el primer semestre de 2023 se quedó en el cajón igual que la legislatura disuelta.

En dicho informe, el propio Gobierno reconoce que comenzó su último año de legislatura sin haber puesto en marcha hasta tres leyes comprometidas en el acuerdo de coalición sellado por PSOE y Unidas Podemos.

En concreto, una ley sobre libertad de conciencia, otra de asilo y una tercera para el sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Estos proyectos figuran como “no iniciados” en el informe de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’ que aprobó el propio Ejecutivo esta última semana de 2022 y así llegaron también al adelanto electoral.

Este informe -diciembre 2022- recoge que entre los grandes asuntos que tenía aun pendientes la coalición de Gobierno estaba la aprobación de la nueva ley de seguridad, que modifique la actual conocida como ‘ley mordaza’, o la ley de vivienda, que estuvieron meses en continua negociación en el Congreso entre los socios de Gobierno para su aprobación y que vivieron desiguales finales. La ley de Vivienda logró ver la luz y se aprobó, definitivamente, el 17 de mayo de 2023, mientras que en el nuevo acuerdo de la ‘ley mordaza’ aparece como objetivo en el nuevo acuerdo del gobierno de coalición del PSOE y Sumar.

En concreto, en el pacto firmado por la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sánchez figura que el compromiso de que “reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la ‘ley mordaza’ y el Código Penal)”.