A través del documento ‘Propuestas electorales 2026: 12 prioridades para la próxima legislatura’, la entidad reclama a las formaciones políticas que incorporen estas medidas a sus programas electorales y “asuman compromisos para hacer efectivos los derechos reconocidos, garantizar el cumplimiento de los ya existentes y avanzar en aquellos que todavía no están suficientemente protegidos”.

El presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, advirtió de que “los avances legislativos son fundamentales, pero no basta con reconocer derechos sobre el papel”. En este sentido, defendió la necesidad de “garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercerlos”, independientemente de su lugar de residencia o de sus recursos económicos, y de eliminar las barreras y desigualdades que persisten.

La confederación consideró que los compromisos de la próxima legislatura deben traducirse en “medidas concretas”, dotadas de financiación suficiente y acompañadas de mecanismos de seguimiento que permitan “evaluar su cumplimiento y reducir las desigualdades territoriales”.

AUTONOMÍA, VIVIENDA Y EMPLEO

Entre las 12 prioridades recogidas en el documento figuran la aplicación efectiva de los nuevos derechos en materia de discapacidad y dependencia, la reducción de las listas de espera para acceder a prestaciones y apoyos, y la garantía de la asistencia personal y del derecho a una vida independiente.

Cocemfe también reclamó facilitar el acceso a una vivienda accesible, asequible e inclusiva, avanzar hacia una educación inclusiva y accesible con los apoyos necesarios e impulsar el empleo digno e inclusivo de las personas con discapacidad.

En el ámbito económico, la entidad planteó reforzar la protección social y compensar el sobrecoste asociado a la discapacidad. Asimismo, pidió “hacer efectivo y exigible el derecho a la accesibilidad universal” y garantizar “una atención sanitaria accesible, equitativa y adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad”, junto con un acceso equitativo a tratamientos, productos sanitarios e innovación.

Las propuestas incluyen además mejorar la atención a la cronicidad, reforzar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y proteger los derechos de las personas con discapacidad ante los procesos de digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial.

La organización consideró “imprescindible” que la perspectiva de la discapacidad se incorpore de forma transversal a las políticas públicas, “con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad, las personas con mayores necesidades de apoyo y quienes residen en el medio rural”.

También reclamó garantizar la participación efectiva de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas que les afectan.

Cocemfe instó a todas las formaciones políticas a “asumir las 12 prioridades como compromisos para la próxima legislatura” y a “convertirlas en medidas legislativas, presupuestarias y de gestión pública” que permitan avanzar en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución Española. “Los derechos deben garantizarse con recursos suficientes, voluntad política y mecanismos que permitan exigir su cumplimiento”, concluyó Queiruga.