Según estas patronales, dicha regulación, que ha sido modificada en 2025, no se adecúa al marco reglamentario europeo por priorizar también a las renovables instaladas después de 2019 y por no dar igualdad de trato con la cogeneración a las de antes de esa fecha.

La prioridad de despacho determina el orden en que las instalaciones pueden verter electricidad a la red. En España, la normativa vigente sitúa en primer lugar a las tecnologías renovables después a la cogeneración y, a continuación, al resto.

Las asociaciones subrayan que la normativa europea limita la prioridad de despacho y no la contempla con carácter general para instalaciones renovables y de cogeneración puestas en servicio después del 4 de julio de 2019, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/943, de aplicación directa.

En este marco, según estas patronales, la legislación comunitaria acota el despacho prioritario a supuestos concretos y mantiene un tratamiento específico sólo para instalaciones existentes anteriores a 2019 y que no realicen cambios significativos o aumenten su capacidad.

Por ello, piden actualizar la normativa española para evitar distorsiones y aportar seguridad jurídica al sector industrial a la par que facilitar una operación con menos restricciones en el sistema eléctrico.

A finales de 2019 la potencia de generación renovable instalada en España era de 53.200 megavatios (MW), aproximadamente el 50% de la capacidad total y ha experimentado un enorme crecimiento duplicándose hasta los 101.000 MW —48.000 MW fotovoltaicos y 33.000 MW eólicos—alcanzados en 2025, que suponen el 68% del mix nacional de 148.000 MW instalados con todas las tecnologías. El consumo anual medio de España en la actualidad es de 29.000 MW y la punta de 40.000 MW, y están aumentando ya hoy los vertidos de generación eléctrica renovable por falta de demanda y saturación en las redes.