Según informó Cogam-Colectivo Lgtbi+ de Madrid, con esta resolución, el Constitucional no solo corrige una extralimitación legislativa, sino que “protege” el papel de las entidades como actores “clave” en la defensa de los derechos humanos. Cogam denunció que desde el principio esta reforma “no buscaba otra cosa que reducir el margen de actuación del activismo Lgtbi, invisibilizar los casos de violencia y dificultar la reparación a las víctimas”.

Esta sentencia supone una “victoria no solo jurídica, sino también social y política”. El intento del Ejecutivo madrileño de “silenciar” a los colectivos que durante décadas fueron garantes de los derechos Lgtbi fue frenado por el máximo órgano de control constitucional. La modificación de la ley iba en la línea de “recorte de derechos, no permitir la personación de las entidades en los procesos aboca en muchos casos a la indefensión”.

Desde entonces, Cogam y otros colectivos denunciaron que esta modificación legislativa vulneraba derechos fundamentales y atentaba contra el principio de igualdad. Con esta resolución, se reconoce la legitimidad de las asociaciones para actuar frente a la discriminación, un principio básico en democracia.

La sentencia del Constitucional “deja claro que dicha limitación vulneraba el marco legal estatal, que sí reconoce a las asociaciones la condición de interesadas en procedimientos relacionados con situaciones de discriminación”. No obstante, no resuelve respecto a los otros artículos de las leyes Lgtbi de la Comunidad de Madrid recurridos por el Gobierno, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.