En la nota, este órgano colegial indica que su preocupación está motivada "por lo que de quiebra de garantías constitucionales puedan suponer algunas de estas iniciativas".

Para los abogados alaveses, razones de oportunidad y seguridad no pueden dar, como soluciones, el alargar las condenas o restringir los permisos de salida de los reclusos. Para el colegio la solución pasa por "evaluar quiénes han de ser merecedores de un trato excepcional y quiénes no".

Por ello, se solicita una dotación suficiente de recursos materiales y humanos a la Administración Penitenciaria y a los correspondientes juzgados de vigilancia, lo que debería permitir un "tratamiento individualizado de cada interno".

Los abogados alaveses destacan que el control judicial en la actualidad "resulta difícil" y ofrecen como dato ilustrativo la veintena de jueces de vigilancia que ha en el Estado para atender a más de 40.000 internos.

Al respecto, destacan que la función del juez de vigilancia penitenciaria es la central en todo este problema y resaltan que esta figura no puede ver hurtada sus funciones, "porque nadie ajeno al poder judicial puede disponer de la libertad de un ciudadano", por lo que el juez "ha de seguir siendo el árbitro entre las decisiones de la Administración Penitenciaria y la efectiva tutela de los derechos de los reclusos".