El Insalud abrió la mencionada oficina de prestaciones y otorgó cartillas sanitarias especiales para ayudar a las víctimas mientras los tribunales emitían una sentencia, proceso que ha durado más de 16 años.

El auto de a Audiencia Nacional del pasado 13 de marzo señala que reconoce a la OCU su derecho a la defensa de cualquier consumidor que se vea afectado, siempre y cuando estuviera presente en la causa, bien con una representación procesal, bien con carpeta individual abierta en la causa que se siguió contra los empresarios y que el Supremo sentenció en 1992.

La OCU calcula que hay unas 2.000 personas que, aunque tienen cartilla sanitaria de afectado por el síndrome tóxico, no seguirán recibiendo prestaciones de a oficina ni podrán cobrar las indemnizaciones fijadas por el Supremo, al no estar presentados en la causa judicial (ni representados en alguna de las 16 acusaciones, ni con carpeta en la sentencia de 1992).

Del Real calificó de "grave" y "dramático" que estos damnificados se vean ahora fuera del proceso indemnizatorio. En todo caso, la Audiencia no obliga a los perceptores de las ayudas a devolver el dinero que puedan haber cobrado de más.

El único recurso que les queda a estas personas es busca un abogado e iniciar nuevas acciones judiciales contra el Estado, apuntó.