La patronal del comercio minorista pidió además una moratoria “razonable de al menos tres meses a la espera de conocer el texto definitivo de la ley”. El motivo, indicaron, es “la ausencia de un plazo realista y razonable para acometer estas modificaciones ya que se estima entre 100.000 y 120.000 el número de comercios en España que necesitan esta adecuación”. “Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta” señaló el presidente de la CEC, Rafael Torres.

Asimismo, el decreto ley va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que “lo lógico y sensato es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir”.

Además, el Ejecutivo comprometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el decreto ley, como la instalación de accesos automatizados. La CEC denunció que “la realidad a día de hoy es que no se ha concretado prácticamente ninguna, ni cantidades ni plazos de pago” y, para acometer estas modificaciones, la CEC estima la necesidad de unos 200.000 millones de euros.