Según trasladó Asedas, esto supone una media de 3,1 desarrollos legislativos al día y supone un nuevo repunte sobre el año anterior, cuando se contabilizaron 2,7 normas diarias.

Solo en el mes de enero de 2024, las empresas del comercio tuvieron que aplicar 108 nuevas leyes o modificaciones a otras ya existentes. Teniendo en cuenta los datos de los últimos cinco años, la escalada normativa no cesa desde niveles previos a la pandemia, cuando se registraron 476 (1,3 normas diarias) en 2019.

Por categorías, la legislación relacionada con el medioambiente se lleva casi la mitad de la carga normativa, con 486 textos legales que afectan al comercio. Le sigue la seguridad alimentaria, con 254, y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa (urbanismo, licencias…), que suman 221 normas.

Asedas señaló que la situación coincide con las actuales denuncias del sector primario en toda Europa relativas a la alta carga legislativa y administrativa que soporta el sector y que, como reflejan los datos relativos al comercio, “comparten todos los eslabones de la cadena de valor”. Este hecho “tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas europeas”.

En la actividad reguladora, las comunidades autónomas se sitúan en primer lugar, con 485 normas, lo que “complica la gestión especialmente para aquellas empresas que operan en varias comunidades”.

A continuación, 344 normas llegan desde las instituciones europeas, de las cuales 91 tienen que ver con el medioambiente. El Estado central, por su parte, suma un total de 284 normas, 123 de las cuales regulan cuestiones relacionadas con la gestión empresarial (fiscalidad, urbanismo, digitalización…). En el ámbito local, la cifra se incrementa al considerar cuestiones como aperturas en días festivos, cortes de tráfico, obras, etc.

La directora de Sostenibilidad de Asedas, María Martínez-Herrera, señaló que “el comercio, y la distribución alimentaria en concreto, está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena. Sin embargo, la legislación que nos llega desde todas las administraciones supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del ‘retail’ español”.

Martínez-Herrera puso como ejemplo que “ahora estamos observando la situación creada por el control de los productos ecológicos, con criterios dispares en las comunidades autónomas, lo que crea barreras para su comercialización”.

Otro ejemplo, esta vez en el ámbito europeo, es el futuro Reglamento de Envases y Residuos de Envases, que se negocia en estos momentos en los trílogos de la UE, y que tendrá, según sus cálculos, un impacto aproximado de 150.000 euros por tienda, solo por la instalación de equipos de recogida y reutilización de envases, sin contar gastos de personal y logísticos. Por ello, Asedas considera necesario “más concreción y análisis de las medidas y que no haya duplicidad en el mismo concepto regulado”.