Así lo manifestó Asedas, que atribuye buena parte de la cantidad de normas nuevas del conjunto de las administraciones (europea, estatal y autonómica) a la pandemia de covid-19. En concreto, de las 2.743 normas que afectaban al sector del comercio aprobadas en 2021, 2.025 estaban relacionadas con la pandemia.

“Este importante incremento normativo, que se prolonga durante dos años y que afecta a la legislación europea, nacional y autonómica, está suponiendo un gran esfuerzo económico y de personal para las empresas de distribución, que han debido dedicar una gran cantidad de recursos administrativos y técnicos al seguimiento de las nuevas normas y a su aplicación”, apunta Asedas.

Además, pone el ejemplo de que, en 2022, la gestión de las bajas laborales derivadas de la sexta ola de la pandemia y la adaptación a los diferentes criterios que se han aplicado, ha supuesto para algunas empresas la necesidad de triplicar el personal administrativo dedicado a ello.

En este sentido, recuerda que las normativas aplicadas a la pandemia alcanzan un coste para el comercio de 514 millones de euros, según el informe ‘Nuevos costes soportados por el sector comercial en España’ publicado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la CEOE en marzo de 2021.

MEDIO AMBIENTE

De cara al futuro, sin embargo, Asedas muestra su “preocupación” por los costes asociados a otras reglamentaciones, especialmente las relacionadas con el medioambiente, que están en periodo de discusión parlamentaria.

La asociación cita el impuesto a los envases de plástico no reutilizable, que podría suponer para las empresas un coste de 245 millones de euros, o el impuesto al depósito en vertedero, que alcanzaría 16 millones de euros.

“A ellos, hay que sumar los costes que ya se están soportando, como la ‘tasa Sandach’ de residuos orgánicos, que asciende a 130 millones de euros, la sustitución del plástico de un solo uso, que suma 42 millones de euros, o el impuesto a gases fluorados que ha costado 33 millones de euros y que se puede ampliar en un futuro próximo”, advierte Asedas.

Además, alerta de que los costes soportados directamente por el consumidor son “también importantes, como el incremento del IVA en las bebidas azucaradas, que alcanza 220 millones”.

“La distribución está plenamente comprometida con los objetivos medioambientales recogidos en la Agenda 2030, pero defiende que la manera de alcanzarlos no es a través de una carga impositiva extraordinaria, que puede dañar la competitividad empresarial teniendo un efecto contrario al deseado”, concluye Asedas.