El acoso denunciado por la familia incluye una serie de insultos verbales, como “gitanos de mierda” o “hijos de puta”, y por escrito, en forma de carta en las que las tres acusadas los llamaba “salvajes”, según informó la Fundación Secretariado Gitano.

También se les acusa de generar un clima hostil en todo el vecindario contra la familia, ya que publicaron un cartel en el portal en el que hacían un llamamiento a los vecinos para que fueran a su casa a comprobar los ruidos.

Del mismo modo, una de las acusadas publicó en redes sociales distintos mensajes en los que se quejaba de la llegada de “familias numerosas problemáticas de etnia gitana”, un texto que provocó mensajes de odio antigitano por parte de otros usuarios de dichas redes sociales.

La Fundación Secretariado Gitano subrayó que las tres acusadas son las únicas vecinas que se quejaron de supuestos comportamientos incívicos por parte de la familia gitana. De hecho, la policía municipal, que hoy testificará en el juicio, se personó en varias ocasiones antes las llamadas de estas mujeres, sin que registraran ninguna infracción.

Del mismo modo, explicó que la “situación de acoso e insultos” vivida por esta familia por parte de las vecinas les generó una “fuerte ansiedad y miedo, afectando a su seguridad, tranquilidad y libertad personal”, lo que provocó su cambio de domicilio.

La Fundación Secretariado Gitano denunció estos hechos ante la Fiscalía especializada en delitos y discriminación de Burgos por un delito de coacciones previsto en el artículo 172.1 del Código Penal, que concurriría con la agravante del artículo 22.4 del mismo, como una de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por tener un móvil antigitano.

En ese sentido, Selene de la Fuente, abogada de la Fundación Secretariado Gitano, mostró su confianza en que “el juicio que se celebra hoy culmine con una sentencia condenatoria, en la que además se reconozca el carácter de delito de odio, habida cuenta de la motivación antigitana de las acusadas”.