En concreto, el Ejecutivo comunitario considera que este impuesto hace que se comercialicen lasacciones en los mercados españoles en unas "condiciones más favorables" que en las bolsas de otros Estados miembros.

En este sentido, la CE señala que "las disposiciones aplicadas en España son contrarias a los principios de libre prestación de servicios y libre circulación de capitales" y no se han modificado "a pesar de que la Comisión le solicitó oficialmente que lo hiciera en marzo de 2002".

Según la legislación española, las plusvalías obtenidas por acciones compradas antes del 31 de diciembe de 1994 se benefician de una reducción del 25% del tipo impositivo, mientras que la reducción equivalente para las acciones de las empresas que cotizan en mercados financieros que no son el español es de sólo el 14,28%.

Además, para que las acciones no españolas puedan beneficiarse de la reducción del tipo impositivo, se exige que hayan sido adquiridas hace al menos ocho años, mientras que el período correspondiente para las acciones españolas es de sólo cinco años.

La Comisión Europea consider que esta legislación "disuade a los inversores de adquirir acciones de empresas no españolas y que es probable que estas empresas encuentren más dificultades que las españolas para obtener capital en el mercado español".