Según señaló la FAPE, “la reclamación cuestiona unas declaraciones de la periodista sobre el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, sosteniendo que no se había respetado el deber de contrastar adecuadamente la información”.

Además, la parte demandante considerí que “la utilización de la expresión ‘ticket de metro’ para referirse a la documentación acreditativa exigida en el procedimiento de regularización constituye una información falsa y, por tanto, vulnera el Principio de Actuación III.1.a del Código Deontológico, relativo a la obligación de fundamentar y contrastar las informaciones difundidas”.

Tras el análisis de la queja y de las alegaciones presentadas, la Comisión determinó que “las manifestaciones objeto de ésta se produjeron en el contexto de un programa de análisis y debate político y, por todo ello, concluye que Dª. Mariló Montero actuó dentro del ejercicio legítimo de la libertad de opinión sobre un asunto de interés público y que sus declaraciones no contravienen el Principio de Actuación III.1.a del Código Deontológico de la FAPE”.