En relación con esta segunda cuestión, la Comisión explica que los jueces, como cualquier otro ciudadano, disfrutan del derecho fundamental de asistir a una manifestación, pero como ocurre con otros derechos, con ciertas limitaciones que son consecuencia “del deber ético que incide en su vida no estrictamente profesional de evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial”, lo que debe llevarle a actuar “con moderación y prudencia”.

La Comisión de Ética advierte de que la participación de un miembro de la Carrera Judicial en una manifestación “puede ser posteriormente analizada y publicitada, incluso en la cobertura de prensa o en las redes sociales”, por lo que recomienda valorar, con carácter previo, “cuál podría ser la percepción pública de su asistencia”.

El dictamen distingue las manifestaciones convocadas “con ocasión de amenazas a la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y en defensa de las mismas, alejadas de la lucha partidista”, que merecerán un juicio ético positivo, de aquellas otras en las que la participación de los jueces resulta desaconsejable.

Merecen un juicio ético negativo las manifestaciones en las que la participación del juez puede poner en entredicho la confianza de la ciudadanía en la justicia; las que están vinculadas directa o indirectamente con un caso o grupo de casos pendiente ante los tribunales o que probablemente puedan llegar a presentarse ante los tribunales; aquellas en las que la asistencia del juez puede ser percibida como una toma de posición política o apoyo a una causa particular inapropiada; o aquellas en las que su participación puede colisionar con el desempeño correcto de las funciones judiciales.

En conclusión, señala la Comisión, “el juez debe actuar de forma precavida absteniéndose de asistir a manifestaciones o retirarse de ellas cuando se corra el riesgo de poner en tela de juicio la imparcialidad o independencia del sistema judicial”.

En un segundo dictamen, la Comisión desaconseja, desde el punto de vista de los principios de ética judicial, la asistencia de los jueces, en su condición de ciudadanos, a los mítines organizados por partidos políticos, pues pueden verse conculcados “los principios de independencia, imparcialidad e integridad y supone una fuerte afectación de la percepción de los ciudadanos sobre la independencia e imparcialidad de la Administración de Justicia”.

La Comisión razona que los mítines políticos son en la actualidad “actos de propaganda y marketing” que los partidos políticos utilizan para “difundir sus mensajes, captar partidarios y organizar sus estrategias de campaña electoral”; que su repercusión depende de la presencia de los medios de comunicación y de la difusión que éstos hagan de su contenido; y que la asistencia a un mitin de un partido político “identifica a los asistentes con la militancia o simpatía hacia sus postulados”.

La presencia de un juez en un acto de estas características implica, por lo tanto, el riesgo de que se le identifique con la ideología del partido político de que se trate. Es decir, desde la perspectiva de un observador razonable, añade la Comisión, “la presencia de un juez en un mitin de un partido político supone una afectación a la apariencia de independencia, integridad e imparcialidad, en cuanto lleva a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político, lo que es contrario al principio de neutralidad política” que impregna los principios de ética judicial.

Además, se contribuiría a “la percepción pública de que la justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales”.