Con la aprobación de estas ayudas, que abonará España, se liquida el contrato de servicio público suscrito por la compañía marítima con el Estado español en 1978.

Dicho contrato, que expiró hace tres años y medio establecía que Transmediterránea recibiría compensaciones destinadas a cubrir los déficit originados por el cumplimiento de las obligaciones de regularidad, frecuencia y capacidad impuestas por las autoridades.

La Comisión autorizó también la ayuda por valor de 1.650 milones de pesetas (unos 10 millones de euros) para compensar las obligaciones de servicio público asumidas por la compañía durante 1998 dentro del archipiélago canario