La Comisión denuncia que España favorece al operador dominante en la Ría de Vigo, al concederle la explotación de los servicios de cabotaje por un periodo de 20 años, lo que reulta contrario a la libre competencia.

Además, denuncia que se fijan obligaciones de servicio público a los servicios regulares que operan en la Ría y que mueven cada año más de 1,3 millones de viajeros, cuando este extremo esta prohibido por la normativa comunitaria.