Según informó Bruselas este jueves a través de un comunicado, la fecha límite para que los Estados miembros incorporasen la directiva a su legislación nacional era el 17 de enero de 2025.

Esta norma tiene por objeto establecer normas claras y coherentes en materia de resiliencia operativa digital para entidades financieras como bancos, compañías de seguros y empresas de inversión, garantizando así el buen funcionamiento del mercado único.

La plena aplicación de la legislación “es fundamental para reforzar la resiliencia operativa digital de las entidades financieras en toda la UE, al abordar los riesgos asociados a la creciente digitalización de los servicios financieros”, según destacó la Comisión en su comunicado.

Por lo tanto, ha emitido un dictamen motivado a los tres Estados miembros afectados, que ahora disponen de dos meses para responder, completar la transposición y notificar sus medidas a la Comisión. De no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras.

Por otro lado, ha enviado a España una carta de emplazamiento en la que insta a que cumpla el derecho de la Unión en materia de responsabilidad del Estado. La Comisión envía esta carta porque España no ha ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de junio de 2022, en la que el TJUE declara que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del derecho de la Unión es contrario al propio derecho de la Unión y España debe reformar su norma.

La responsabilidad del Estado alude a la indemnización por las pérdidas o daños causados a los particulares por el legislador mediante infracciones del Derecho de la Unión. En 2015, la Comisión recibió denuncias relativas a la incompatibilidad de determinados aspectos de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el Derecho de la Unión. Dado que España no había adoptado ninguna modificación tras el dictamen motivado de la Comisión, esta decidió en noviembre de 2019 remitir el asunto al Tribunal de Justicia. En su sentencia de 28 de junio de 2022 en el asunto C-278/20, el Tribunal de Justicia confirmó que España había infringido el Derecho de la Unión y hasta la fecha, España no ha cumplido la sentencia.

España dispone de dos meses para responder a la carta y si Bruselas no recibe respuesta satisfactoria, podría remitir de nuevo el asunto al Tribunal de Justicia y si este constata que España no ha cumplido, podría imponer una multa coercitiva.