En octubre de 2007, la Comisión pidió oficialmente a España que eliminara las incompatibilidades entre la normativa catalana y la europea en materia de urbanismo comercial.

En este sentido, el organismo europeo afirma que, aunque los gobiernos español y catalán anunciaron que procederían a una reforma de la normativa, todavía no han precisado cuáles son las modificaciones previstas, por lo que decidió llevarlos ante el Tribunal de Justicia.

El problema está en que la normativa catalana en esta materia prevé un proceso de autorización en el que se requieren una serie de documentos de planificación que la Comisión considera que no respetan el Tratado de la CE sobre la libertad de establecimiento.