De esta manera, la congelación de fondos afectaría a las compañías, instituciones, empresas y entidades controladas por ambos gobiernos, así como a las personas que están al frente de los mismos.

Esa decisión no sólo supondrá bloquear los depósitos efectuados en el extranjero, sino también prohibir la creación de nuevos fondos, incluyendo el dinero procedente de las exportaciones.

En el caso del territorio serbio, la Comisión ha planteado la posibilidad de extender su aplicación a la participación, propiedad o control de cualquier empresa, institución, compañía o entidad que sea propiedad de los gobiernos de Serbia y Yugoslavia, o que esté controlada por ellos.

Con este fin, la Comisión proone añadir tres listas a un reglamento, en las que se señalen los datos de las personas que actúan en nombre de las autoridades de ambos países, otra en la que se indiquen las compañías, empresas, instituciones y entidades que operan en la Comunidad y que están relacionadas con los gobiernos de Serbia y Yugoslavia, y una tercera en la que figuren las personas individuales o jurídicas de la República Yugoslava cuya actuación podría estar controlada por las autoridades públicas.