Las pautas de Bruselas aclaran varios conceptos, por ejemplo, la manera en que la Comisión determina si existe una distorsión de la competencia causada por una subvención extranjera.

También tratan de despejar dudas sobre el modo en que se sopesan los efectos distorsionadores con cualquier efecto positivo de una subvención extranjera, y sobre la facultad de la Comisión de exigir una notificación previa en casos por debajo del umbral.

Las directrices aclaran que, una vez que la Comisión haya constatado que una empresa que ejerce una actividad económica en el mercado interior se ha beneficiado de una subvención extranjera, evaluará si existe una distorsión en dos fases. En primer lugar, la Comisión examinará si la subvención extranjera refuerza la posición de competencia de la empresa en la UE. En el caso de las subvenciones no destinadas a actividades económicas en la UE, se llevará a cabo un análisis más detallado para evaluar el riesgo de que se utilicen para subvencionar de forma cruzada actividades económicas en la UE. En segundo lugar, la Comisión estudiará los efectos en la competencia analizando si la subvención puede alterar la dinámica del mercado y el comportamiento competitivo de la empresa en detrimento de otros operadores.

Las directrices explican el proceso de la Comisión para sopesar los efectos negativos de una subvención extranjera distorsionadora con cualquier posible efecto positivo. La Comisión solo tendrá en cuenta los efectos positivos concretos de la subvención extranjera objeto de evaluación. El sopesamiento tendrá en cuenta la gravedad de la distorsión y si pueden conseguirse los efectos positivos sin la distorsión. Si los efectos positivos compensan los negativos, la Comisión no se opondrá. En caso contrario, la Comisión podrá aceptar compromisos o imponer medidas correctoras. Las directrices aportan ejemplos de las pruebas pertinentes que pueden presentarse y muestran la manera en que la Comisión llevaría a cabo la prueba de sopesamiento.

La vipresidenta Teresa Ribera ha señalado que con estas directrices, el Ejecutivo comunitario "ofrece a las entidades una forma clara y práctica de traducir los buenos propósitos en actos". "Establecen expectativas comunes para una toma de decisiones responsable, de modo que las inversiones avancen de tal forma que las personas puedan confiar en ellas", añade la exministra.