La CE hace estas consideraciones en su capítulo sobre España del 'Informe sobre el Estado de derecho 2026', que se publicó este viernes. En este documento, recogido por Servimedia, se indica que el actual sistema de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) en España "puede tener una capacidad limitada para detectar, disuadir o sancionar conductas irregulares", ya que apenas 53 expedientes preliminares se abrieron por denuncias externas entre 2015 y 2025.

El documento subraya que, aunque el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública ya se ha presentado y el Gobierno ha aprobado un Plan Nacional Anticorrupción, "la implementación práctica de las normas existentes no ha mejorado", por lo que recomienda a España avanzar en el proceso legislativo para reforzar dichas reglas y garantizar la independencia y capacidad sancionadora del organismo supervisor.

Bruselas recuerda que el 92% de los españoles percibe la corrupción como generalizada en el país, frente a una media comunitaria del 71%, y que el 53% se siente personalmente afectado por ella en su día a día, más del doble que la media europea (30%), según el Eurobarómetro especial de 2026 citado en el informe.

POCAS CONDENAS A CORRUPTOS

El informe resalta que España obtiene 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, lo que la sitúa en el puesto 17 de la UE y 49 del mundo, con una percepción que "ha aumentado significativamente" en los últimos cinco años, desde los 61 puntos registrados en 2021.

Se añade que solo el 31% de los españoles cree que existen suficientes condenas para disuadir de prácticas corruptas, por debajo de la media europea (38%), mientras apenas el 18% de las empresas considera que quienes sobornan a un alto cargo reciben un castigo adecuado, frente al 31% comunitario.

La Comisión destaca igualmente que el 40% de las empresas españolas cree que la corrupción les ha impedido ganar un contrato público en los últimos tres años, diez puntos por encima de la media europea, con una tasa de licitaciones con oferta única del 34%, frente al 27% de la UE.

NECESIDAD DE MÁS MEDIOS

Bruselas señala que la nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), operativa desde septiembre de 2025, cuenta solo con 14 de sus 23 puestos cubiertos y ha recibido más de 400 denuncias desde su puesta en marcha, unas cuatro diarias. Además, se demanda avanzar en la lucha contra el soborno de funcionarios extranjeros, un ámbito en el que España solo ha concluido con éxito tres casos desde 2016, el último de ellos en 2025, pese a las medidas de sensibilización y formación puestas en marcha.

También se alude a que el Gabinete de Pedro Sánchez aprobó en agosto pasado el Plan de Estado contra la Corrupción. Se indica que el plan está estructurado en cinco ejes de intervención legislativa: prevención de riesgos y refuerzo de controles, protección efectiva de los denunciantes, investigación y enjuiciamiento, recuperación de activos y sensibilización ciudadana.

La Comisión valora que el Gobierno haya creado una comisión interministerial para impulsar dicho plan y haya aprobado el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que prevé el refuerzo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como autoridad administrativa independiente con nuevas potestades sancionadoras.