Según informó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta cantidad se suma a los 340 millones de euros desembolsados la semana pasada procedentes del anticipo de los préstamos de la Adenda. De esta forma, España ha recibido ya 1.383 millones de euros de prefinanciación de esta segunda fase del Plan de Recuperación.

El objetivo principal de estos recursos adicionales es reforzar los proyectos estratégicos (Perte) puestos en marcha para fortalecer la autonomía en los ámbitos energético, medioambiental, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.

La Adenda del Plan de Recuperación fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio y recibió el visto bueno de la Comisión Europea en octubre. Permitirá movilizar más de 10.000 millones de euros en transferencias adicionales y hasta 83.000 millones en préstamos de los fondos Next Generation EU y RepowerEU.

En total, el Plan de Recuperación –incluyendo la adenda- permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

La adenda tiene como finalidad destacada reforzar los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación. Así, los más de 10.000 millones de las transferencias adicionales y parte de los préstamos se destinarán a potenciar la docena de Perte que ya están en marcha para movilizar y canalizar la inversión pública y privada.

En concreto, a través de la adenda se dotará a los Perte con casi 27.000 millones de recursos adicionales, que permitirán dar continuidad y completar las convocatorias de ayudas, financiar incentivos y realizar nuevas inversiones.

Entre ellos destaca la financiación de las actuaciones bajo la iniciativa RepowerEU, con cerca de 7.000 millones de euros de financiación de los que cerca de 4.200 millones de euros están dirigidos al Perte de Energías Renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento energético.

La adenda también incluye 17 reformas para continuar con la transformación de la economía y consolidar el modelo de crecimiento inclusivo y sostenible. Entre esas reformas se encuentran la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Estrategia de eficiencia energética en la Red de Carreteras del Estado, la revisión de la Ley del Mercado de Valores o la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones para situaciones de vulnerabilidad económica.