Durante el debate del texto, que, entre otras cuestiones, recupera el derecho al aborto a menores de 16 y 17 años, por el PSOE la diputada Susana Ros defendió que, con esta modificación, en España “hoy avanzamos nuevamente en derechos y libertades” y advirtió de que su grupo parlamentario “cumple” con ello “un compromiso electoral y de Gobierno”, convencida de que “los derechos sexuales y reproductivos han sido y son una prioridad en todos los Gobiernos socialistas”.

“Con esta reforma se consolida y profundiza aún más en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Al igual que con la ley del 2010, con esta reforma las mujeres decidimos, la sociedad respeta, el Estado garantiza un derecho y la Iglesia, por supuesto, no interviene”, indicó, para añadir que la ley “no obliga a ninguna mujer a abortar y amplía derechos para que las mujeres puedan decidir ser madres o no, para decidir cómo, cuándo y con quién”.

Tras recordar que en España “hoy una joven con 16 años puede trabajar, decidir si mantiene relaciones sexuales y casarse, pero, sin embargo, para la derecha y la ultraderecha, no puede decidir si quiere o no ser madre”, afeó al PP que, a su entender, tenga “una actitud hipócrita con los derechos de las mujeres” que los socialistas “no le van a permitir ni aceptar”.

En este punto, hizo hincapié en que, con la reforma aprobada, “se garantiza el acceso al aborto en los centros públicos, se regula la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, se incorpora una baja para aquellas mujeres que interrumpen su embarazo voluntariamente o no, se crea una baja temporal preparto a la semana 39 de gestación, se garantiza la anticoncepción de última generación y se recupera la financiación pública que retiró el PP”.

“Asimismo, se garantiza la educación afectivo sexual desde el respeto, la igualdad, la tolerancia, la diversidad y el consentimiento, alejada de los prejuicios que imponen ciertos credos”, señaló, para explicar que se trata de ayudar a los jóvenes a “aprender a respetar, amar a quien quieras y como quieras y amar bien, elegir cómo, cuándo y con quién ser madre o padre y saber que el consentimiento y el deseo es la base fundamental de una relaciones sexuales sanas, felices e igualitarias”.

En este sentido manifestó que la igualdad “se practica aprobando leyes como ésta” y que la reforma de esta ley "respeta el derecho de las mujeres a decidir libremente, de forma responsable, sobre su maternidad”, convencida de que, además, la norma garantiza “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal y seguro para no morir”.

En la misma línea, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández hizo hincapié en la importancia de que las jóvenes de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad “puedan abortar libremente y de manera segura sin necesidad de permiso de sus tutores o progenitores y que este servicio esté dentro de la cartera pública de salud en todas las comunidades autónomas”. “Sabemos que estos avances son fuertemente discutidos”, reconoció, para mencionar, entre los “muchos aspectos” que también incluye la ley, la lucha contra la pobreza menstrual, las bajas por reglas incapacitantes o el reconocimiento de la violencia obstétrica.

"INNECESARIO E INOPORTUNO"

Por el PP, la parlamentaria María del Carmen González aseveró que es un proyecto de ley “innecesario e inoportuno, que no responde a ninguna urgencia, que modifica una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional que no se ha pronunciado aún", lo cual, a su juicio, "debería haber sido, para un Gobierno prudente y solvente, razón suficiente como para no promover reformas legislativas”.

La diputada advirtió de que la creación de un registro de objetores de conciencia “tiene un sospechoso tufo a lista negra” y de que una administración “no puede trasladar la responsabilidad -de practicar abortos- a un determinado tipo de centros ni a los facultativos de estos, sino que deberá, simplemente, encargarse de su facilitación”, subrayando que el número de abortos realizados hasta ahora en estos centros públicos “no sobrepasa el 10%”.

La diputada de Vox Lourdes Méndez estimó que el “objetivo primordial y el fin último” del texto es que, ante un embarazo imprevisto, “solo haya un camino, el más agresivo y violento, que se produzca el aborto”. “Ni una sola oportunidad a la vida”, denunció, para criticar que esta modificación de la ley, que tildó de “radical, perversa y cruel”, permitirá que “se ejerza la violencia contra las mujeres más vulnerables” y que con ella se “reconoce como un derecho el matar a un ser humano”.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez mencionó la importancia de considerar violencia sexual contra la mujer los abortos forzosos y esterilizaciones así como la anticoncepción forzosa y se mostró “contraria” a la inclusión de la gestación por sustitución como “una forma de violencia contra las mujeres”.

Desde EH Bildu, Isabel Pozueta valoró que se hayan admitido algunas enmiendas auspiciadas por el Cermi para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a “cultivar y gestionar su sexualidad de manera plena” y se mostró convencida de que, “en general, es una buena ley”.

A su vez, el diputado de EAJ PNV Joseba Andoni Agirretxea subrayó que el “gran salto” que se ha producido en este ámbito en los últimos años ya se dio con la ley de 2010, que, dijo, “fue un gran avance en su momento”, al tiempo que aseguró que “no hace falta hacer estrategias estatales en este ámbito”.

Por ERC, Pilar Vallugera aseveró que el texto “tiene elementos muy positivos”, si bien consideró que en España “vamos muy tarde en el tema del aborto en las menores de 16 a 18 años” y por Junts, Pilar Calvo valoró las “muchas cosas buenas que tiene esta ley”, si bien rechazó “puntos” en los que su grupo “no puede estar de acuerdo” como “la manera en que se definía, desde el sesgo ideológico, la gestación por substitución, a la que se considera una violencia reproductiva”.