Así se cerraba la última fase antes de poder ser debatida y votada en el Pleno de la Cámara la iniciativa que Junts presentó en marzo del 2024 y cuya toma en consideración fue aprobada en septiembre de ese mismo año. Fue la semana pasada cuando la ponencia constituida para abordar el trámite de esta norma se reunió a puerta cerrada, encarrilando PP, PSOE y Junts su tramitación. Ahora, el dictamen ha recibido luz verde gracias al apoyo de Junts, PSOE, PP, PNV y Vox. ERC se abstuvo y en contra se posicionaron Sumar, Podemos y Bildu.

El objetivo de la iniciativa es reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aumentar la respuesta penal a la multirreincidencia. Entre las propuestas se encuentra que las penas de prisión no dependan del montante acumulado de las infracciones, que se sitúa en 400 euros. A su vez, se propone modificar el artículo 235 del Código Penal para añadir penas de cárcel de uno a tres años por el robo de móviles u otros dispositivos electrónicos. Además, para que estos y otros aspectos se lleven a cabo, Junts quiere que el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña pase de 35 a 70.

Durante el debate de este miércoles, hubo, al igual que la pasada semana, posiciones enfrentadas. La primera en intervenir fue la diputada de Podemos Martina Velarde, quien volvió a mostrar su rechazo. En concreto, apuntó que el hecho de que "Junts insista tanto en esta ley, que considera clave en su disputa contra los nazis de Alianza Catalana, nos habla de la intencionalidad política". Al mismo tiempo, avisó a los socialistas por cumplir con la reclamación de los posconvergentes al señalar que "son concesiones muy peligrosas a Junts para salvar los muebles y nos puede costar caro".

Mientras, apuntó que la multirreincidencia que se trata en esta reforma supone "perseguir la pobreza", criticando que no veía ninguna contra "Rajoy, Aznar, Aguirre, Ayuso, Koldo, Cerdán, Ábalos, los que se llevan el dinero a Suiza o los que nos roban a través de rebajas fiscales a los rentistas".

Una opinión opuesta mostró Mikel Legarda, del PNV, quien consideró que se trata de una reforma "para quienes han hecho de su forma de vida los hurtos y las estafas" y que "no es de izquierdas o de derechas". "Es reclamada de modo transversal por buena parte de la ciudadanía y de todas las sensibilidades políticas", defendió mientras resaltaba uno de los puntos de la reforma, "la penalidad" que se va a atribuir a los hurtos de los teléfonos móviles, que tachó de "plaga", y aplaudió que se protegerá "la intimidad" de los afectados por los datos personales que contienen los dispositivos.

BILDU: "UN ERROR"

En contra también se posicionó Bildu, formación que, en boca de su diputado Jon Iñarritu, consideró que la reforma "no es ni proporcional ni eficaz y no es garantista", al tiempo que tachaba el debate de "populista" porque "el endurecimiento de penas no reduce la criminalidad en este tipo de delitos". Así, tras considerarla "un error", insistió en que "no responde más que a un impulso populista y que alimenta a la extrema derecha política y mediática".

Mientras, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió esta iniciativa señalando que "es una ley necesaria elaborada con mucho rigor", denunciando que hasta ahora "una persona puede cometer decenas de hurtos leves sin llegar a entrar en la vida en la cárcel". "No es una ley teórica ni ideológica, es una ley práctica, quirúrgica y necesaria", dijo mientras consideraba que "es imprescindible actuar y poner fin a la impunidad en este tipo de delitos" porque "el sistema actual, lamentablemente, no está funcionando".

Seria en su exposición, en la que reiteró su petición a los grupos para que la apoyasen, Madrenas se refirió a que la "impunidad" ante estos pequeños hurtos "genera frustración, indignación y una sensación de abandono que no podemos ignorar". Y como argumento de defensa, subrayó que "no es una ley punitiva", sino que "es una ley de seguridad, de convivencia, de confianza, porque el derecho a la seguridad forma parte de la dignidad y de la libertad de las personas". Y concluyó señalando que "no criminaliza a ningún colectivo concreto, pero tampoco abandona a nadie".

ABSTENCIÓN DE ERC

Abstención anunció la diputada de ERC Pilar Valluguera, quien lamentó las prisas en su tramitación y criticó que no responde "a la necesidad de ponernos de acuerdo o de trabajar este texto". Para Valluguera, el problema de fondo ante este tipo de delitos es "una falta de medios y de materiales para la Administración de Justicia", por lo que la ampliación a 70 jueces en Cataluña es lo que lleva a su formación a abstenerse. En este sentido, puso de relieve que no se manifestarían en contra "porque puede generar la sensación de que no somos comprensivos con la sensación de la ciudadanía y con lo que dicen que pasa en las calles de las ciudades". E insistió en su reclamación anterior: "Pongan dinero en Justicia y quizás entonces las cosas empezarán a funcionar".

Mucho más crítico estuvo el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien habló en varias ocasiones de "populismo punitivo" o "deriva punitivista", insistiendo en que "no va a reducir los hurtos, va a incrementar el número de personas presas". Y al igual que la diputada de Esquerra, reclamó "una mayor inversión en materia de Justicia con más jueces para que estos delitos se juzguen mucho más rápido".

Y subió el tono al señalar que lo que le dolía a los socios del Gobierno es que "a esta deriva punitivista que no va a rebajar la multirreincidencia se haya sumado el Grupo Socialista". Porque, zanjó mostrando su rechazo, "pretende castigar a delincuentes pobres con más sanción que a los delincuentes societarios o de cuello blanco".

Mientras, la diputada de Vox Carmen Mejías también defendió la reforma por ser "una reivindicación social largamente pedida, reiterada y repetida no solo por las entidades sociales, sino también por todos los profesionales de la Justicia". Y tajante, remarcó que "no se puede ignorar más este problema porque algunos no se atrevan a nombrarlo. Esta es una lucha contra la impunidad".

Muy dura con las actitudes de los grupos que mostraron su rechazo, aplaudió que "la realidad se impone y la ciudadanía está harta de escuchar que no pasa nada cuando sí que pasa". Asimismo, denunció a los "delincuentes multirreincidentes que han convertido el hurto y el robo en un modo de vida actuando con absoluta impunidad".

Por su parte, Mercè Perea, diputada del PSOE, defendió la reforma porque este "fenómeno" de la multirreincidencia en pequeños hurtos "exige respuestas eficaces", recordando que "Cataluña ha liderado las llamadas de atención sobre este tema".

"Acabar con la multirreincidencia exige altura de miras y no confrontación política", dijo mientras lazaba un dardo al PP, ironizando con que "han decidido trabajar por el interés general, porque que la política de seguridad exige del diálogo entre partidos y de pactos amplios".

Por último, el diputado del PP Santiago Serra defendió que "la comisión repetitiva de hurtos, estafas o pequeños robos por parte de individuos genera en la ciudadanía alarma social y sensación de impunidad ante el delito", subrayando también, como la diputada socialista, que "la multirreincidencia afecta de una forma muy intensa a Cataluña". Tras explicar los motivos de sus propuestas, remarcó que la proposición de ley es un "compromiso" del PP "que nace de del convencimiento de que la ley es la garantía de convivencia en nuestra sociedad y que los que la incumplen deben pagar por ello".